Se equivocan los que aseguran que no hubo línea ayer en la designación por consenso del nuevo presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura.
No hubo una, sino varias líneas las que lograron imponer a Carlos Arenas Bátiz como nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia.
La primera -y la más importante- fue la del grupo de los 7 magistrados rebeldes que apoyaron a Arenas Bátiz y lograron convencer al resto de sus compañeros de hacerlo también.
Por simple democracia a Arenas Bátiz ya le tocaba ser presidente por su antigüedad como magistrado. Era digamos una cuestión de mérito.
El gobernador electo Jaime “El Bronco” Rodríguez también influyó en este proceso -junto con Fernando Elizondo- para el nombramiento de Arenas Bátiz.
El gobernador Rodrigo Medina esta vez se mantuvo al margen del nombramiento del nuevo presidente del PJE.
Arenas Bátiz es un discípulo de Jorge Carpizo, que le debe su nombramiento como magistrado hace 10 años principalmente a dos personajes: el exgobernador Natividad González Parás y a Luis Santos de la Garza, socio fundador del “Despacho Divino”.
El viaje VIP de ‘El Bronco’
Hay un tema que ha comenzado a volverse incómodo en el equipo de transición del gobernador electo Jaime Rodríguez “El Bronco”.
Se trata del viaje que hizo “El Bronco” y un grupo de colaboradores a Medellín a revisar modelos de urbanización social en la ciudad colombiana.
Lo que se sabe hasta el momento es que el recorrido fue financiado con recursos de la Fundación Ecopolis, que preside el constructor Fernando Maiz, expresidente del Consejo Cívico.
Lo que no se ha ventilado, por ejemplo, es que una parte de la comitiva que viajó a Medellín hace dos semanas con Jaime lo hizo en avión privado.
Los pasajeros afortunados que viajaron en jet particular junto con “El Bronco” fueron su esposa Adalina, el patrocinador del viaje Fernando Maiz, el publicista Guillermo Rentería y el empresario Francisco Toussaint.
En la lista de pasajeros estaba incluido Fernando Elizondo, coordinador de la transición, pero su nombre fue tachado de último momento y el exgobernador optó por viajar en línea comercial con el resto de la comitiva.
¿Qué le preocupaba a don Fernando del avión privado? ¿Un posible compromiso con el dueño del jet?
¿Perdió su Silla?
La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nuevo León tendrá en estos días una tarea muy difícil de resolver y es que tendrá que investigar 21 invasiones en el Cerro de la Silla.
Aunque el delegado Víctor Jaime Cabrera Medrano prometió a organizaciones ecologistas que resolvería el asunto, no se llegó a mucho.
Lo que parece que sí tendrá efecto es la orden de un juez federal que exige que la Profepa investigue los permisos otorgados a desarrolladores habitacionales a los municipio de Monterrey y Guadalupe.
En poco tiempo, el delegado tendrá que entregar un informe de las investigaciones, en donde podrían estar involucrados funcionarios panistas y priistas.
