El Congreso local aprobó durante la madrugada los titulares de los Órganos Internos del Tribunal Estatal Electoral, la Comisión Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a pesar de que con ello estarían violando la Ley de Responsabilidades de Administrativas, en su artículo 20.
Este medio adelantó que el proceso de selección de los tres funcionarios se llevó a cabo sin un convocatoria pública, es decir, por “dedazo” y, prácticamente, no tuvieron algún rival que pudiera pelearles la designación.
Bruno Refugio Carrillo Medina, José Ignacio Carrillo Aguirre y José Eduardo Lara Wong, son los nuevos funcionarios en los órganos autónomos (incluso el primero fue denunciado por el magistrado Carlos César Leal Isla García por las irregularidades en su nombramiento).
Los diputados se vieron como comparsas de los órganos autónomos, quedando muy lejos de tener nombramientos transparentes como ocurre en el Congreso de la Ciudad de México, en donde se analizan los perfiles para erradicar la práctica de cuotas y cuates.
La única que denunció las irregularidades de estos procesos en el pleno del Congreso local fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, quien ha resultado ser muy incómoda para ciertos grupos que operan en el Poder Legislativo.
Riesgo de desacato por García Guerra
Como a los diputados les agarraron las prisas para cerrar los pendientes antes de que concluyera el periodo ordinario (y así poder tomar sus vacaciones) durante la madrugada de ayer también resolvieron la controversia por la restitución de Ángel Mario García Guerra a su cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, la cual fue ordenada por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pesar que durante la tarde del miércoles la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó por unanimidad reponer el proceso de ratificación durante la madrugada y emitió un dictamen que establece que García Guerra cumple con los requisitos establecidos en la ley, este fue rechazado por 26 votos en contra y 16 a favor a través del método de cédula.
El Poder Legislativo enviará la negativa de la ratificación al Juzgado Tercero de Distrito, en donde se originó el amparo, que será quien determine el camino a seguir por incumplir con su ordenamiento.
Hubo inconformidad por parte de algunos legisladores quienes no sólo argumentan que el magistrado cumple a cabalidad con los requisitos, sino que perciben que con la negativa pueden tener consecuencias legales.
Habrá que estar atento a la estrategia jurídica de los abogados de García Guerra, que seguramente no se quedará conforme con la negativa de los legisladores
