Se armó el conflicto en las calles de Monterrey.
No sólo por las personas que ilegalmente bajaron la aplicación de Pokémon Go y salieron a la calle a cazar los “monitos” virtuales.
También fueron los maestros que una vez más se apropiaron de algunos puntos críticos en donde a propósito de sus exigencias hicieron más tráfico de lo que habitualmente hay.
Las quejas no se dejaron esperar por los automovilistas y comerciantes.
Como “protestante” puedo afirmar que los comerciantes sí son quienes realmente se tienen que aguantar un círculo vicioso que no existiría –con o sin marcha- si pudiera solucionarse de raíz.
Porque en el fondo, nada pasaría si un grupo de personas X (por no decir maestros) toman lo que es también suyo –el espacio público- para defender sus derechos, si lo que no prevaleciera en esta ciudad fuera la gran necesidad y demanda de moverse única y exclusivamente en automóvil.
Lo que hace, obviamente, que en la miopía urbana más grande de este siglo, le echemos la culpa de las obstrucciones a ciudadanos que tienen un derecho constitucional a manifestarse y no a nuestros automóviles.
Eso, el fondo, es el gran problema. Porque en Monterrey, una Zona Metropolitana con un gran parque vehicular e infraestructura destinada al automóvil, efectivamente, “cerrar” una calle implica una tarea titánica de inmovilidad.
Pero, al mismo tiempo, la inmovilidad se da todos los días en el tráfico que paraliza a esta ciudad al no tener vías alternas de otro tipo de transporte público o no motorizado, que permita la fluidez de la movilidad urbana sin que nos demos cuenta, incluso, como ya pasa en otras ciudades, de si existen estos “cierres” o no a la vialidad.
Lamentablemente, en estas grandes ciudades, donde nuestro modelo arcaico sigue basado en un modelo obsoleto de ciudad en donde el carro es indispensable, las personas se quejan sobre el tráfico y no sobre lo que importa para el desarrollo de un país: sus reformas estructurales.
Entonces, el debate de si los maestros deben o no estar en la calle se reduce a algo tan mínimo como el tránsito vehicular.
De ahí que el gobernador salga a decir que no se los va a permitir o que esto resulte en agresiones verbales y físicas de la Fuerza Civil a los manifestantes o, peor aún, de los mismos conciudadanos.
Todos peleándose la calle. La vialidad sagrada a la que Monterrey le ha entregado toda su apuesta.
Mientras que en otras ciudades de primer mundo, las vialidades comienzan a ser hasta obsoletas.
Pero aquí, nos pelamos por un pedazo de vialidad que nos permita llegar a tiempo a casa.
Se vale porque en ambos hay derecho. Al final de cuentas se trata del espacio público y como lo hemos conversado en esta columna: lo público es público.
Pero si tenemos limitaciones para entender que no tendríamos porqué estar preocupados del tiempo de traslado o de las manifestaciones es también porque no nos han ofertado ni hemos demandado otras formas de movernos en la ciudad.
Entonces, el caos nos gana cualquier intención de razonar la valía tanto de que los ciudadanos hagan valer sus derechos (con o sin alborotadores a sueldo, que esos siempre han existido) como la facilidad de libre tránsito que, obviamente, necesitamos.
Sobre la Reforma Educativa se ha hablado demasiado. Pero aprendamos a cuestionar un modelo de ciudad que ya ni siquiera nos deja llegar tranquilamente a casa o manifestar nuestro descontento.
No se vale padecer el “tercer mundo” de una ciudad que sólo ofrece autos, autos y más autos para transitar. No.
