Marcas para la guerra
¿Qué tienen en común Genaro García Luna, Andrés Manuel López Obrador y Luis Videgaray? Los tres son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En la década reciente se ha popularizado entre los políticos la práctica de registrar sus nombres como marcas, así lo hicieron en su momento varios “presidenciables” como […]
Oliver Galindo Ávila¿Qué tienen en común Genaro García Luna, Andrés Manuel López Obrador y Luis Videgaray? Los tres son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
En la década reciente se ha popularizado entre los políticos la práctica de registrar sus nombres como marcas, así lo hicieron en su momento varios “presidenciables” como Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, y Aurelio Nuño. La moda ha alcanzado a la “4T”, hace unas semanas se dio a conocer que el presidente y su esposa obtuvieron sus registros, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no quiso quedarse atrás y presentó sus solicitudes.
La Ley de la Propiedad Industrial indica claramente que las marcas son signos que se utilizan en el comercio para distinguir productos y servicios, es decir, están destinados a las actividades industriales o económicas, no de proselitismo político.
La política no es una actividad económica, al menos en teoría, entonces ¿cuál es el objetivo de registrar sus nombres si no planean utilizarlos en el comercio?
Lo más probable es que se trate de un arma.
Uno de mis maestros de propiedad intelectual decía: “la marca registrada no es un escudo, es una espada” y con ello se refería a que no es necesario contar con un registro para utilizar determinado nombre, esto es, no se trata de un permiso para usar, sino de un derecho cuya finalidad es excluir a los imitadores.
Las armas son útiles, especialmente cuando se avecina una guerra, y en el círculo de poder esas conflagraciones reciben el nombre de campañas.
Se acerca el año 2021, las aguas se agitan, comienzan los “videoescándalos”, el fuego amigo, las “fake-news” y todos aquellos actos de propaganda negra que ya se hicieron costumbre. Si bien una marca registrada no es indispensable para combatir el mal uso de la imagen, puede ser un elemento que ayude al momento de bajar un perfil falso en redes sociales, por ejemplo.
También hemos visto casos en los que algún tercero monta un negocio que hace referencia a cierto personaje político: papel higiénico marca “Trump”, restaurantes “El Peje”. Si la persona aludida desea impedir la venta de esos productos, será mucho más fácil demandar infracción a la marca registrada que intentar un juicio de difamación.
No olvidemos a quienes han buscado registrar slogans de campaña o nombres de partidos. En 2019, Yeidckol Polevnsky intentó registrar las frases: “La Cuarta Transformación”, “Juntos Haremos Historia” y “Morena”, pero el IMPI, que dirige Juan Lozano Tovar, se lo impidió, argumentando que se trataba del nombre de una coalición de partidos políticos y que generaba un riesgo de asociación con el Gobierno federal.
Usar derechos de propiedad intelectual para combatir las malas prácticas de un contrincante es legítimo, el problema surge cuando se atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el terreno de las ideas políticas, la libertad de expresión se sobrepone con frecuencia a otros derechos como la privacidad y la propiedad intelectual, de ahí que se permitan las parodias, noticias satíricas, caricaturas y documentales críticos.
Poseer un arma siempre levanta sospechas, aunque no es criticable en sí mismo, el juicio de valor recaerá sobre la forma en que se usa. Ya veremos si estas marcas se destinan a la legítima defensa o al homicidio de las corrientes opositoras.