Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, está tratando de quedar bien con Dios… y con el Diablo.
El reparto de puestos y espacios en la administración no está dejando muy contentos a los panistas que la apoyaron para que llegara a la Alcaldía.
Lo menos que se dice, es que Margarita no cumple compromisos por tratar de quedar bien con todos los grupos del PAN.
O mejor dicho: a nadie le cumple, pero tampoco le incumple.
En la nómina comenzarán a cobrar panistas afines a la neocúpula, el grupo que la apoyó y que es encabezado por Fernando Larrazabal, Raúl Gracia y Zeferino Salgado.
Larrazabal pudo colocar a Jaime Bazaldúa como director del DIF y a Manuel García como titular de Empleo, pero no logró que Arellanes nombrara a Miguel Ángel García en la Secretaría de Servicios Públicos.
Sin embargo, Miguel Ángel negoció con Arellanes para que metiera a su colaboradora Karina Barrón como directora de Modernización y Proyectos, y a Gustavo Ramírez como director de Servicios Públicos.
Zeferino Salgado logró que Arellanes nombrara a Brenda Velázquez como directora de Normatividad y a Iván Garza Téllez en Planeación de la Oficina de la alcaldesa.
Pero Chefo no pudo conseguir que José Doria Mata fuera nombrado secretario del Ayuntamiento de Monterrey.
Es el mismo caso del senador Raúl Gracia, que consiguió que se designara a Tomás Macías como director de Control Urbano de Monterrey, pero no le alcanzó para que Baltazar Martínez fuera a una secretaría.
Y esto se da mientras que el coqueteo de Arellanes con el panismo tradicional y la vieja cúpula sigue a todo lo que da.
Un ejemplo: Arellanes nombró a Maricarmen Martínez, esposa del diputado local Luis David Ortiz, cuñado del ex gobernador Fernando Elizondo, como directora de Relaciones Interinstitucionales en la secretaría de Desarrollo Económico.
En enero los retos de la reforma penal
Viene en enero un aumento a los delitos que entrarán al nuevo sistema penal acusatorio y existe un esfuerzo por parte de los implicados en la reforma, como las organizaciones civiles, la Procuraduría de Nuevo León, el Poder Judicial en el estado, el SIJUPE y el SETEC.
Pero no es suficiente la capacitación de los policías que tendrán que convertirse en investigadores.
Por ejemplo, en enero ya entra el delito de violencia intrafamiliar al nuevo sistema penal.
Y ahí es donde hay que ver a los uniformados tratando de llegar a una escena y dirimir el pleito, la violencia y posiblemente hasta el involucramiento de varios familiares con armas blancas, como pasa muy seguido en algunas colonias de Monterrey.
Como los policías municipales serán quienes podrán convertirse en auxiliares del Ministerio Público, entonces deberían al menos conocer el nuevo proceso.
Pero resulta, por ejemplo, que como no ha habido dinero para capacitación, el Estado solicitó a los gobiernos municipales que les enviaran a sus mandos y a otros dos elementos que puedan aprender y luego éstos transmitir sus conocimientos a los demás uniformados.
Pero vaya chasco que se llevaron las autoridades de Procuraduría, porque casi no llegó nadie a la capacitación.
Ahí viene el nuevo sistema de justicia penal…
