El cambio de mando del denominado Operativo Metropolitano de Seguridad sólo exhibe que ni en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, ni en los ayuntamientos encuentran una salida clara para mitigar la inseguridad que vive Nuevo León y continúan con “estrategias” que muchas veces quedan en improvisación.
Se anuncia que José Luis Cruz, comandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar, deja la coordinación para que entre en su lugar Fernando Garza Morales, subsecretario de Seguridad Pública estatal.
No se entiende como una corporación policial, que está en un proceso de depuración de elementos para acceder a una certificación internacional, quede al frente de un operativo de seguridad tan importante para la ciudadanía.
¿O es que ya culminó la certificación? De ser así, ¿en dónde están los resultados?, pues hasta el momento no ha habido mayor información.
En la administración del exgobernador, Rodrigo Medina, el Ejército tenía una coordinación con todas las policías municipales, mientras Fuerza Civil estaba un proceso de certificación, que finalmente se convertiría en un modelo a seguir.
Garza Morales tendrá el reto de coordinar las 11 policías de los municipios metropolitanos para mitigar la inseguridad, una tarea que no es nada fácil, mucho menos en los tiempos actuales.
Diferencias por impuesto a aplicaciones
La propuesta de cobrar un impuesto de tres por ciento a las operaciones de los servicios de transporte por aplicaciones móviles, que supuestamente plantea el dictamen de la Comisión de Transporte del Congreso local, ya tuvo su respuesta por parte del gobierno del estado.
Quien tomó la palabra fue el gobernador, y autonombrado único vocero de la administración estatal, Jaime Rodríguez, quien a pesar de admitir que no conoce el dictamen que presuntamente se está trabajando en el Congreso, señaló que el gravamen se le hace elevado, aunque no se cierra a escuchar los argumentos de los legisladores.
“El Bronco” volvió a defender que un impuesto de 1.5 por ciento a las empresas como Uber, Didi o Cabify, el mismo que se cobra ya en otros estados como Jalisco o la Ciudad de México, sería lo más justo para todas las partes.
Pero hay algo que aún no queda claro, ni por parte de los diputados, ni de parte del gobierno estatal.
¿A dónde se destinarán los recursos obtenidos por este cobro?, ¿se invertirán en mejoras para el transporte público?, ¿en proyectos de movilidad?, pero más importante ¿de qué forma se van a poder operar los mismos y quién tomará las decisiones finales para su asignación?
