…Que lamentar.
Es un dicho popular al que no hemos atendido oportunamente.
Al contrario, la emergencia nacional, como la llamaría Javier Sicilia, nos ha hecho reaccionar sobre la marcha.
Y hasta eso, después de varios “niños” tampoco hemos podido “tapar el pozo”.
La ausencia del Estado en las comunidades, la complicidad con el crimen organizado y la apatía social, son ingredientes de los “colmos” diarios con respecto a qué podemos hacer una vez que estamos confrontándonos con problemas de violencia y delincuencia tan lacerantes para la sociedad.
Definitivamente, no debimos llegar a este punto, en donde contar muertos se volvió parte de nuestra vida cotidiana o hasta “deporte nacional”.
Ni a este momento, en el cual todavía no sabemos por dónde empezar a sanar las heridas que nos deja la guerra cada día.
Ni a esos lugares que se han convertido en cárceles: la de los ricos con sus murallas.
La de los pobres de las barreras invisibles y la propia ciudad, en donde salir a caminar por las calles en la noche es una aventura…
No debimos estar sumergidos en estas circunstancias, pero llegamos y no de manera fortuita.
Reconozcamos ahora que “tenemos el agua al cuello” que tarde o temprano tendría que pasar.
Nuestro país en las últimas décadas ha padecido del síndrome del “ahí se va”.
Hasta el momento no hemos contado con políticas públicas educativas, culturales, de salud y empleo, que permitan enfocarse a las generaciones que en este presente son las más afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado: las niñas, niños y los jóvenes.
Este grupo de la población, que además en México se ha convertido en el ventajoso bono poblacional, ha sido desatendido por décadas.
La realidad que hoy vivimos al menos nos deja lecciones que son oportunidades para replantearnos el sentido de lo que esto significa.
Lamentablemente, cientos de miles de jóvenes están creciendo no sólo en medio de la pobreza, sino en medio del conflicto, lo que nos impacta socialmente a todos.
Por cada joven que es víctima o que ingresa a las filas de la delincuencia, todos perdemos en el presente, como ya hemos perdido.
Ante esta situación, el Gobierno Federal anunció al inicio de esta semana un Plan Nacional de Prevención del Delito.
En él, se destinarán 2 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Serán 900 millones por subsidios federales a municipios, y una bolsa de programas gubernamentales en el país de más de 115 millones de pesos, de acuerdo con Roberto Campa, quien dirige la recién creada Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
El programa incluye diagnósticos, planeación de intervención urbana en comunidades, así como investigación.
Es vital que dentro de la administración pública -no sólo la federal- se tenga como prioridad a la prevención del delito.
Porque en la delincuencia hay dos puertas: la de entrada y la de salida.
Es obligación del Estado atender a las dos.
No permitir que sucedan los delitos mediante un enfoque de juventudes, cultural, educativo, de salud y empleo, como ejes rectores de la seguridad.
Si bien es cierto que “hasta no ver no creer”, será fundamental que los ciudadanos estemos atentos sobre el destino de cada peso designado como presupuesto para este tema, así como nos involucremos en la medida de lo posible a los proyectos creados por la sociedad civil organizada para este propósito (incluso antes de que se elaborara este Plan Nacional).
Si algún saldo a favor nos ha dejado la guerra es que no podemos seguir reaccionando todo el tiempo.
Tenemos que hacer nuestra esa voz popular: “Más vale prevenir que lamentar”. Ya sabemos por qué.
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