Jaime Rodríguez Calderón sigue deshojando la margarita respecto al aumento en la tarifa de transporte público, retrasando el anuncio mientras hace (o intenta) hacer política para mantener bajo control tanto a los transportistas como a las organizaciones civiles que se oponen al ‘tarifazo’.
Los recibe, platica con ellos, los intenta tranquilizar, les da largas, y repite el círculo.
Apenas ayer, en pleno Palacio de Gobierno, afuera de la oficina del mandatario, la vocera de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, y el representante de los transportistas, Abelardo Martínez, protagonizaron una discusión que por momentos se subió de tono.
La activista le reclamaba al empresario que no consideraba justo que los usuarios cargaran con el aumento que proponen, sobre todo, tomando en cuenta las condiciones de deterioro en que se encuentra el transporte; aunque Martínez también defendió al gremio y apeló a las condiciones en que trabajan los transportistas. Ambos coincidieron en que el gobierno estatal debe ser el mediador entre las posturas y encontrar la mejor salida.
Pues bien, resultó anecdótico que, mientras ambos personajes discutían, Manuel González, secretario General de Gobierno, pasó por un costado y observó el intercambio de palabras, sin intervenir, y únicamente dedicándoles una sonrisa. Vaya mediación del gobierno estatal.
Verificación poco clara
La verificación vehicular que pretende crear el gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez, no cuenta con reglas de operación y, por lo tanto, serán los diputados del Congreso local quienes tendrán que trabajar horas extras para legislar en la materia y dotar de claridad la creación de esta figura.
Pero en todo esto, hay un detalle, que no termina por encajar, y es el monto de alrededor de 200 millones de pesos que se pretende recaudar a través del aumento de 40 por ciento del refrendo, un recurso que no alcanzaría para poder crear los centros de verificación para conocer los niveles de emisión de contaminantes de un automóvil. Esa es la principal inquietud entre los diputados locales.
Otro punto que tendrán que regular los legisladores es que la verificación vehicular no sea, también, una oportunidad para la proliferación de actos de corrupción y es que la administración estatal tampoco ha presentado un plan de cómo manejará esos recursos.
Una pregunta para los diputados y para el gobierno: ¿quién tendrá la concesión de estos centros?
Nueva adición a Zárate Abogados
El despacho Zárate Abogados continúa creciendo. Ahora con la incorporación del abogado Juan Isidoro Luna, proveniente del consorcio industrial Xignux en donde fue director jurídico.
Luna es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con estudios de Derecho Fiscal, Comercial, de Propiedad Intelectual, entre otros áreas de litigio.
El encargado de darle la bienvenida, a través de su cuenta de twitter fue Miguel Zárate, director general de la firma.
