Como es costumbre, el Banco de México emitió al inicio del mes los resultados de la encuesta sobre expectativas económicas, respondida por analistas del sector privado.
La utilidad principal de esta publicación radica en conocer las expectativas de la inflación hacia el futuro, pero en luz de los sucesos ocurridos en Guerrero, en esta ocasión da un poco más de qué hablar.
En términos positivos, está una ligera luz de esperanza para finalizar el año, pues por primera vez en mucho tiempo no hay rebajas notorias a la estimación de crecimiento.
Lo inquietante, por otro lado, es la magnitud de las complicaciones que observan los encuestados, y lo poco probable que se solucionen en el corto plazo.
Casi 4 de cada 10 encuestados respondió que la inseguridad o la política fiscal son los principales obstáculos al crecimiento en el próximo año.
Peor aun, y quizás por el desgaste de la paciencia colectiva o el furor de los medios de comunicación, el porcentaje de encuestados que citan a esta primera razón ha incrementado desde un 10 por ciento hace un año, a 24 por ciento durante septiembre.
Los resultados de la encuesta sobre Percepción del Crimen del Inegi son todavía menos alentadoras. A nivel nacional, casi 6 de cada 10 personas tiene en su mente a la inseguridad como un tema de gran preocupación, incrementando a 7 de cada de 10 en Tamaulipas y el Estado de México.
Es decir, de ahora en adelante, el lastre de la economía pasa de ser coyuntural (como una crisis de vivienda) a institucional. La cura no es un subsidio o el despegue de nuestro vecino, sino un cambio radical de la forma en que nos gobernamos.
El Estado simplemente tiene muchas atribuciones que no ha podido cumplir.
En Guerrero, las instituciones fallaron no solamente en prevenir el delito sino en perseguirlo y, de acuerdo a las probabilidades que lamentablemente conocemos, también fallarán en castigarlo.
En esta ocasión, incluso el Gobierno Federal, que dice estar mejor capacitado para enfrentar los grandes problemas del país, reaccionó solamente cuando la opinión pública y el escándalo llegaron.
Como en otras ocasiones, la administración envió a la Gendarmería, una institución que a los ojos de muchos parece estar en el limbo institucional y que ha sido enviada también al Estado de México (donde brotaron los secuestros) y Baja California Sur (donde causó estragos el huracán “Odile”).
Todos estos eventos tienen en común que los medios los han cubierto extensamente (una buena oportunidad para presumir la nueva división), pero distan de ser el propósito para el cual presuntamente fue creada la nueva institución.
Entendemos pues, que nuestros gobernantes, sin importar mucho el partido, saben venderse e inventar instituciones nuevas, pero no están dispuestos a trabajar en los finos detalles de gobernar.
Y aun así, atribuimos a ellos cada vez más responsabilidades, como educar a millones, curar a los enfermos, o administrar un centenar de bienes “de la nación”.
Podremos vivir uno o dos años con crecimiento impulsado en inversiones energéticas o de telecomunicaciones, pero es lógico que las reformas económicas tendrán un retorno cada vez menor si no arreglamos los persistentes problemas institucionales que tenemos.
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