Después de Guerrero y Veracruz, Nuevo León es el estado donde se han encontrado en el último año el mayor número de personas enterradas en narcofosas.
La cifra trágica ronda por las 100 personas, de las cuales la mitad siguen sin haber sido identificadas.
La narcofosa más grande fue la encontrada el año pasado en el municipio de García, en el Cerro del Fraile, donde se recuperaron restos de casi 60 personas.
El problema en Nuevo León es que lo encontrado sólo es la punta del iceberg.
El tema de los desaparecidos –a pesar de que las autoridades intenten minimizarlo por cuestiones políticas – se impondrá en los próximos días.
Las autoridades conocen decenas de lugares y sitios en Nuevo León donde existen indicios de que se usaron como campos para matar y desaparecer personas por los cárteles de la droga. Sólo se requiere la voluntad política para iniciar las excavaciones y el valor para aceptar la verdadera dimensión de la tragedia.
Sólo Cadhac y FundeNL –dos organizaciones sociales- mantienen el tema como una prioridad a pesar del bloqueo de las autoridades del Estado.
El nuevo procurador del Estado, Bernardo González, tiene la oportunidad de terminar con este maltrato a los familiares de los desaparecidos y ayudar a encontrar a sus seres queridos.
Torres y su Land Rover
De estreno anda Enrique Torres Elizondo, secretario de Administración del estado de Nuevo León.
El responsable de las compras del gobierno de “El Bronco” se acaba de comprar una Land Rover del año, una camioneta cuyo precio debe de andar por el millón de pesos o más.
A Torres Elizondo le gustan los vehículos de lujo.
Además de la Land Rover, nos aseguran que el funcionario estatal también tiene para su uso una camioneta Audi que además está blindada.
Lo más seguro es que la camioneta Land Rover como la Audi son propiedad de Torres Elizondo, es decir fueron adquiridas con su dinero.
El funcionario no se brincaría el programa de austeridad que ordenó el mandatario estatal.
La pregunta es cómo le hizo para comprar estos vehículos de lujo considerando que sus empresas estaban quebradas antes de entrar al gobierno.
Arenas Bátiz aclara
El magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, presidente del Poder Judicial del Estado, circuló ayer una carta donde rechaza haber intervenido en la liberación de uno de los detenidos que están acusados de haber secuestrado y matado al joven de Guadalupe.
David Emanuel Carrales Guevara, involucrado en este polémico crimen, fue detenido en el 2011 y sentenciado a 10 años por los delitos de robo y halconeo. Sin embargo, en el 2014 Carrales Guevara fue liberado por orden de la Cuarta Sala Penal del Estado alegando que el delito de halconeo era inconstitucional.
Según el periódico El Norte, esta sala era presidida en ese entonces por el ahora presidente del Poder Judicial del Estado.
Pero Arenas Bátiz se deslindó ayer a través de un escrito.
“Ayer el periódico El Norte en primera plana e invocando fuentes anónimas, me atribuyó haber dictado una sentencia en la cual yo no tuve ninguna intervención”.
