Es necesario que el país cuente con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que proteja a las niñas, niños y adolescentes de revictimizaciones cuando hay una situación jurídica entre sus padres, o bien, cuando han sido víctimas de un delito como el abuso sexual.

La creación de esta herramienta legal permitirá contar con un marco normativo único que aplique en todo el país en beneficio de la niñez y adolescencia de México.

Es imprescindible abrir espacios de diálogo con organizaciones, especialistas y autoridades a fin de analizar las mejores prácticas, definir requisitos y procedimientos que velen por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

La revictimización de un menor de edad en procesos judiciales tiene consecuencias psicológicas derivadas de la forma en que el sistema jurídico, instituciones y profesionales encargados los atienden.

Ejemplo de lo anterior, son las constantes citas a declarar y testificar para un niño, niña o adolescente que fue víctima de algún tipo de abuso, generalmente sexual, provocando que se reactive el trauma vivido en el momento de la agresión.

Las y los menores de edad afectados por dicha práctica no solo ven afectada su salud mental, sino también padecen el hostigamiento del sistema jurídico y de la sociedad.

Son muchos los testimonios del trato negativo con el que son encarados judicialmente las niñas, niños y adolescentes cuando hay un conflicto entre adultos, la mayoría de las veces entre sus padres, tratándolos como si fueran ellos los culpables o el problema en sí.

Resulta indispensable establecer una base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia para la niñez en el país; además de dar una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

Es tiempo de estudiar y analizar los procedimientos jurídicos que eviten la doble victimización, y por supuesto, que pongan por encima de cualquier situación el interés superior de este grupo.

Las niñas, niños y adolescentes no deben ser revictimizados cuando son presas de algún delito, por conflictos entre sus padres ni por violencia intrafamiliar, ellos deben ser tratados y escuchados con respeto y salvaguardando sus derechos.

Requerimos de una mayor formación y capacitación pedagógica para quienes integran el Poder Judicial; necesitamos espacios exprofesos para las y los menores de edad, que no sean los mismos que atienden a los adultos, sino que estén focalizados para ellos. Por una justicia acorde a la infancia y adolescencia mexicanas.