Hace tres meses los organismos del sector empresarial de Monterrey lanzaron un ultimátum al gobernador Rodrigo Medina.
Los representantes de Caintra, Coparmex y Ccinlac advirtieron que si la situación de seguridad no mejoraba en Nuevo León se exigirían medidas más radicales al mandatario.
Los ipecos no descartaron exigir incluso la renuncia del gobernador por su incapacidad para enfrentar el problema de la violencia que azota Estado.
“Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al Gobierno del Estado”, señaló en aquel entonces Eugenio Clariond Rangel, presidente de Caintra Nuevo León.
En ese entonces recién había ocurrido la matanza de 44 reos en el Cereso de Apodaca y los empresarios creyeron que ya no podía darse una situación tan grave en el Estado.
Pero se equivocaron y hace dos semanas se presentó lo de la mutilación de 49 personas en el municipio de Cadereyta.
Esta semana se publicaron los resultados de la cuarta muestra del Pulsómetro de Seguridad, la encuesta que realizan estos organismos para medir el compromiso que perciben los ciudadanos de las autoridades en material de seguridad.
La evaluación del gobernador Rodrigo Medina en ese monitoreo va en caída libre hasta ubicarse en un bajísimo 23 por ciento de ciudadanos que lo ven comprometido en resolver el tema de la inseguridad.
¿Qué dijeron los organismos privados sobre el famoso ultimátum del mes de febrero?
Ni un pío.
LAS CONTRADICCIONES DE LA BANCADA DEL PAN
El Congreso de Nuevo León autorizó ayer un nuevo endeudamiento del Gobierno de Nuevo León por mil 780 millones de pesos, recursos que se utilizarán, se supone, para el Fondo de Infraestructura de Seguridad.
La nueva deuda se aprobó con el voto en contra de los diputados del PAN, encabezados por el diputado Hernán Salinas Wolberg.
La verdad resulta hasta contradictoria la postura del PAN.
Hace una semana los diputados albiazules aprobaron en el Congreso del Estado el nombramiento del nuevo Tesorero del Estado, Rodolfo Gómez, ex titular de Finanzas de AyD.
Pero una semana después la bancada panista se opone a la contratación de estos pasivos que se utilizarán para un instrumento impulsado por el Gobierno federal encabezado el Presidente panista Felipe Calderón.
MAURICIO DEBE UNA EXPLICACIÓN
En el círculo de poder del alcalde de San Pedro se barajan varios temas, pero uno que está causando sospechosismo es el de TICSA.
Y más ahora que ya todos saben en el Ayuntamiento sampetrino que la empresa, tan recomendada, tiene detrás una larga historia.
Incluso una relación interpartidista, no estrictamente profesional.
Porque se dice que Julio Loyola es quien opera la compañía, que resultó con un domicilio fiscal localizado en una vivienda popular.
Y esa empresa de “alta tecnología” es en realidad un comodín para vender desde gises y rodilleras hasta fibra óptica.
Pero más levanta sospechas porque Julio Loyola es un priista de la vieja escuela.
¿Cómo es posible que un tricolor se metiera hasta la cocina en el Ayuntamiento panista?
Pues la respuesta está en la hermana de Julio Loyola, Rosa, quien trabajó con Natividad en Conarte. Solo resta decir que Nati del PRI y Mauricio del PAN son amigos.
