Esta semana El Universal publicó un artículo hablando del monitoreo que realiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de las redes sociales.
Al realizar una solicitud de transparencia, el diario recibió un reporte que, tan solo cubriendo la primera quincena de febrero de este año, constaba de 7 mil 377 hojas. Tras digerirlo, se habla de una focalización principalmente en el tema de las autodefensas en Michoacán.
Esto ha causado furor en las redes sociales, clamando que el Cisen se ha convertido en una especie de brazo de espionaje para Peña Nieto. Argumentando que la privacidad de los ciudadanos corre peligro, se le ha comparado con lo que ocurrió en Estados Unidos con la NSA.
Tres ideas al respecto. La primera: el CISEN no está rompiendo reglamentos que violen la privacidad de nadie al monitorear las redes sociales.
El contenido de dichas redes, por su propia naturaleza, son abiertas a todo el público. Con cierto conocimiento de computación y estadística, cualquier persona lo podría hacer desde su computadora personal.
Esto de ninguna manera se acerca a la intervención de teléfonos, correos electrónicos y demás medios que legalmente no pueden ser intervenidos sin una orden judicial y se llevaron (o se llevan) a cabo en Estados Unidos por el equivalente del Cisen.
Esta alerta de la población mexicana llama más bien a un cambio de costumbres en el uso de las redes sociales.
Si te preocupa tu privacidad, no des acceso a las coordenadas geográficas desde donde subes tu contenido, o comentes sobre tus actividades del día con día.
Llevar a cabo estas medidas de protección no solo servirían para proteger la privacidad de usos por el gobierno o compañías, sino para prevenir posibles causas de robos o asaltos.
La segunda: ¿valdrá la pena la inversión de tiempo/dinero? Es bien sabido que cada vez se utiliza más el análisis de datos a nivel masivo para detectar patrones de crimen. Sin embargo, no queda claro que las redes sociales sean un medio correcto para hacerlo.
En un ejemplo de esto, la policía de Los Ángeles, aplicó un modelo matemático detectando patrones de crimen basados en estadísticas históricas. Esto logró una reducción de 33 por ciento en robos, 21 por ciento en crímenes violentos, y 12 por ciento en delitos a la propiedad.
Con estrategias como esta, se pueden analizar zonas “calientes” y redirigir los esfuerzos para una mayor eficiencia en el uso de policías. Un sondeo masivo de las redes sociales difícilmente va a prevenir sistemáticamente el crimen en México.
La tercera: va a resultar casi imposible una real transparencia de la actividad de monitoreo de redes sociales que hace el Cisen.
Si bien se accedió a dar el informe a El Universal, difícilmente alguien podrá analizar a profundidad la información.
En tan solo una quincena se obtuvieron más de 7 mil páginas de análisis; sería ingenuo pensar que se le pueda dar un seguimiento continuo al monitoreo del Cisen.
Esto da paso a la especulación del verdadero uso de las redes sociales. Será difícil probar si las inmensas bases de datos son utilizadas para fines de estrategia política para el Ejecutivo.
De ser así, tendríamos otro ejemplo más de gasto público no justificado.