A veces me pregunto cuántos de nosotros en el futuro tendremos la experiencia de contar la anécdota de haber jugado en la calle.
Es altamente probable, sobre todo en las ciudades donde los espacios para el juego son escasos, que la mayoría de las nuevas generaciones no puedan compartir esta experiencia a otros.
Para los niños y las niñas las calles se han vuelto una zona de peligro, y no solamente por la infraestructura de baja calidad, el exceso de automóviles o la consumación de delitos.
También debemos tomar en cuenta los actos violentos que dejan cicatrices de miedo colectivo, en donde el encierro en las casas se convierte en la mejor opción para sentirse “seguros”.
Esa situación es lamentable cuando nuestros niños y niñas tienen derecho a contar con espacios para el juego, las actividades lúdicas y recreativas, así como la práctica del deporte.
Pero más se incrementa el riesgo cuando quienes se supone que están para preservar la seguridad y velar por la integridad física de la ciudadanía, obligados por ley, no lo hacen y, además de abstenerse de cumplirlo, contribuyen a la misma inseguridad.
Tal es el caso de los elementos policiales de Fuerza Civil de la patrulla 793 que en días pasados, de acuerdo con información de esta publicación, realizaron detenciones arbitrarias y actos vejatorios a niños y jóvenes que jugaban fútbol en una de las calles del centro de la ciudad.
Estas acciones por parte de estos elementos son muy graves.
Los menores han declarado que aunque no les encontraron armas o drogas, los policías de Fuerza Civil los obligaron a hacer lagartijas en plena calle, los pisaron, golpearon y maltrataron.
Hasta el momento, los padres de familia –quienes pudieron darse cuenta del atropello- han denunciado este abuso de la policía en la Procuraduría General de Justicia.
Nos podemos imaginar como adultos las secuelas físicas y psicológicas que seguramente este acto insensible causó en los niños y jóvenes.
Pero más allá, debemos preguntarnos en manos de quiénes está la protección y la seguridad de las calles de la ciudad, cuando estamos en el entendido general que Fuerza Civil es una policía “distinta”.
Sin embargo, qué confianza podemos tener cuando son capaces de violentar los derechos de menores de edad que, para variar, tampoco cuentan con espacios públicos dignos para usarlos.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM): “las violaciones por parte de los agentes del Estado constituyen serias violaciones a la libertad, el juego, el esparcimiento, la integridad física y psicológica, honra y dignidad.
“Derechos humanos que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar al haber firmado la Convención sobre los Derechos de los Niños”.
En tiempos de crisis de inseguridad, no podemos permitir que además de estar al acecho de la delincuencia, tengamos que cuidarnos hasta de nuestras propias autoridades.
Los niños y jóvenes que han sido parte de esta violación a sus derechos merecen una respuesta de reparación del daño, junto con sus padres.
Esto, también es un tema de infraestructura urbana.
Si no hay espacios para jugar fútbol, la calle será uno de esos espacios.
Así que desde cualquier óptica que veamos este tema, es necesario que entendamos que la niñez tiene derecho a jugar y a no ser víctima de abusos de la autoridad, que esto último es un tema que debe tomarse con la seriedad que lo amerita, porque lo que podría ser una anécdota del futuro, se convirtió en un atentado a su integridad y esto último no es un juego de niños.
