Entre hoy y mañana está previsto por el Ayuntamiento de San Pedro nombrar al nuevo director del C-4, que sustituirá al cuestionado Francisco González Aleu, quien estuvo ahí encerrado desde que el exalcalde Mauricio Fernández lo puso.
Para ello el alcalde Ugo Ruiz y el secretario del Ayuntamiento Bernardo Bichara trabajaron en reunir una terna con el aval de los mandos militares de Nuevo León y del general de la Cuarta Región, Noé Sandoval.
Además, la terna también cuenta con el VoBo de las altas autoridades del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, porque para ello, en julio los dos funcionarios municipales visitaron al Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
Se espera que ahora sí, se dé el nombramiento que por todos estos aspectos se retrasó un mes, mientras que el Ejército sigue operando el C-4 para evitar que las cámaras y los patrulleros trabajen para Los Beltrán Leyva, en lugar de para la sociedad.
Quizás ahora será el C-4 que cuente con un titular que pasó por el mayor de los trámites y vistos buenos.
100 millones a San Pedro
Por cierto, el alcalde Ugo Ruiz viajó la semana pasada a la Ciudad de México como parte de su peregrinar constante para obtener recursos federales.
Incluso, tratando de cobrar partidas que todavía les debían desde principios de año.
Y ahora sí le fue bien, porque consiguió 100 millones de pesos que les adeudaban.
Claro, todavía no es suficiente para toda la infraestructura que quiere construir Ruiz, pero algo es algo dijo un calvo cuando se vio un cabello en la cabeza.
Brazo ejecutor de juez casinero
La Agencia Estatal de Investigaciones y el titular del Juzgado Segundo de lo Penal, Raymundo Martínez González, se convirtieron la semana pasada en el brazo ejecutor del juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño.
Ambas autoridades prácticamente le abrieron el camino para vengarse de Pedro y Arturo Cardona Calderón y Jesús González, quienes han sido objeto de un acoso incesante desde el año pasado para despojarlos de su casino La Fortuna.
Mientras la Procuraduría del Estado, encabezada por Adrián de la Garza, montó un operativo para detener a los tres casineros, el juez penal ejecutó la orden de aprehensión que los mandó derechito al penal del Topo Chico.
En el cuestionado operativo de la AEI participaron las patrullas con las placas FRE 8753 y FRE 8735, que trasladaron a los socios del centro de apuestas a la Policía Ministerial, en la avenida Gonzalitos.
Ahí fueron fichados y llevados al Penal del Topo Chico, donde el viernes pasado rindieron su declaración preparatoria.
La Fortuna ha extremado su seguridad desde la detención de los propietarios, a la expectativa de otro operativo con la intención de despojarlos del inmueble, como ya ocurrió en tres ocasiones anteriores.
¿Y qué pasó con Erick Garza Treviño, abogado de Jerezano Treviño, quien les puso “el dedo” a los casineros en el Hotel Safi de San Pedro, donde los había citado para negociar la posesión del centro de apuestas?
Según nos cuentan, el litigante fingió sorpresa cuando llegaron los agentes ministeriales y hasta se atrevió a decirles que él no tenía nada que ver.
Si ya es de por sí preocupante el hecho de que las autoridades ejecuten los intereses oscuros de particulares, más aún será si el aparato de justicia funciona para despojar y ayudar a jueces corruptos, incluso bajo investigación del Consejo de la Judicatura.
