En el Congreso del Estado no existen los ultras del PRD ni Morena, pero para “panchos” está la bancada del PAN.
Los legisladores albiazules, encabezados por Arturo “El Noroña” Salinas, tomaron ayer la tribuna del Congreso del Estado para exigir la revisión de las cuentas públicas del exgobernador Rodrigo Medina.
Cuentas que no habían sido dictaminadas como establece el proceso legislativo por la Comisión de Hacienda del Estado.
La toma albiazul provocó que los diputados del PRI dejaran la sesión y se reventara la sesión extraordinaria que se había convocado para aprobar la reestructuración de la deuda solicitada por el gobernador Jaime “El Bronco” Rodríguez, quien ayer les llamó “porros” a los diputados de Nuevo León.
Priistas también en conflicto
No sólo los diputados del PAN tienen conflictos para aprobar o rechazar las cuentas públicas de la exalcaldesa Margarita Arellanes.
Los priistas también deberán de abstenerse cuando se sometan a votación las cuentas de los exgobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina.
En total son 8 los legisladores tricolores que estarían impedidos.
La lista la encabeza tanto Marco González, coordinador del rebaño tricolor, como Eugenio Montiel, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado.
Los dos trabajaron tanto en la administración de González Parás como en la de Rodrigo Medina.
Lo mismo pasa con la diputada Liliana Tijerina, quien cobró en Educación con González Parás, así como Ludivina Rodríguez, que estuvo como enlace de la Conago con Nati y en el DIF con Rodrigo Medina.
Rosalva Llanes trabajó con don Humberto Medina en la Consejería Jurídica durante el sexenio de González Parás y luego en la Oficina Ejecutiva con Medina.
El diputado Gabriel Tláloc sólo le debe a González Parás haberlo hecho notario público.
Cambio en la particular del procurador
Con mucho hermetismo la Procuraduría del Estado manejó la degradación de Alejandro Guerra Monroy, secretario particular del procurador Roberto Flores.
Hay versiones que indican que lo de Guerra Monroy fue una promoción para mandarlo al área de relaciones internacionales de la Procuraduría estatal.
Pero otras voces en la Procuraduría aseguran que la salida de la particular obedeció a que el funcionario estatal fue sorprendido en un tema de tráfico de influencias a favor de un empresario sampetrino. Nos dicen que fue un asunto de altos vuelos.
Empresario incómodo
Hay un empresario que empieza a hacer ruido en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que encabeza el general Cuauhtémoc Antúnez.
Se trata de Eduardo Vázquez, dueño de la empresa TSN, uno de los principales contratistas en materia de seguridad del Estado.
Es la compañía que se supone vendió al Estado el robot antibombas del que hoy nadie sabe nada en el gobierno del Estado.
Vázquez hizo muchos negocios con Rodrigo Montalvo, el exresponsable de compras de la secretaría de Seguridad en el pasado sexenio.
Nos aseguran que la administración de Medina le quedó debiendo millones de pesos por supuestos contratos en el área de seguridad y que por eso anda muy pegado a Antúnez.
