No es un secreto que en México existe una crisis aguda de malversación de recursos públicos. Lo que vuelve aún más grave esta situación es que hay casos flagrantes y de dominio público que no se persiguen ni se castigan de forma adecuada.
La semana pasada, el ex-Director General de la CONAGUA, el Dr. David Korenfeld fue fotografiado por uno de sus vecinos al momento que abordaba un helicóptero, propiedad de dicho órgano gubernamental.
Para hacer más grande el problema, el ex-funcionario mintió alegando que se trataba de una asistencia para tratar un caso clínico personal. Sin embargo en los medios trascendió que se trataba solamente de un traslado de su casa al aeropuerto de la Ciudad de México.
Aunque la presión mediática y social forzó a la renuncia del funcionario, ¿en verdad es esto suficiente? La Secretaría de la Función Pública calificó el hecho como una infracción menor, lo que nos da un tenor de la postura del Gobierno Federal ante actos de esta naturaleza.
En días pasados también se acusó al Secretario de Gobernación de tráfico de influencias con la constructora Higa. De tal modo, Miguel Ángel Osorio Chong se “uniría al club” de funcionarios que obtuvieron una vivienda en condiciones sospechosamente favorables por parte de este grupo.
El problema es que ya el primer círculo de poder en el país -Presidencia, Hacienda y Gobernación- está vinculado en casos muy similares con este mismo grupo empresarial. Con razón el caso Korenfeld, no les pareció tan grave, ni motivo para separación inmediata de su cargo.
Pero nuestros impuestos no solamente son mal empleados en actos de corrupción, sino que también para enmendar deficiencias en nuestros órganos regulatorios.
En este sentido, el pasado miércoles la cámara de senadores anunció que se indemnizaría al 80 por ciento de los defraudados por la SOFIPO FICREA.
Los ahorradores defraudados ya habían podido cobrar su seguro de depósito por 25 mil UDIS (equivalente aproximadamente a 130 mil pesos). Sin embargo para evitar la pérdida del resto de sus ahorros, el Senado aprobó un reembolso de las pérdidas sufridas hasta por un millón de pesos.
En caso de que la Cámara de Diputados apruebe esta propuesta del senado, se crearía un fondo de alrededor de mil 700 millones de pesos para liquidar estos pasivos de FICREA. Los fondos se obtendrían de un crédito de Nacional Financiera al Gobierno.
Una vez que se usen dichos recursos, el gobierno buscará liquidar el crédito monetizando los activos de FICREA. El problema será si estos activos no cubren el monto del crédito. Estaríamos hablando que el remendar fraude de FICREA se haría con cargo a los contribuyentes.
El problema con la entidad regulatoria, en este caso la CONDUSEF, es el no limitar correctamente el objeto de estas instituciones financieras. La SOFIPO se supone que hacen las veces de banco, como promotores de crédito y ahorro en comunidades a las que no llega el sistema bancario. En ese sentido, FICREA era la segunda entidad financiera de esta naturaleza más grande del país.
Entendiendo el objeto de esta clase de instituciones, ¿qué hacía FICREA en colonias de alto poder adquisitivo del país? Y aunque los ahorradores estaban consientes del monto mínimo que podía garantizarles su seguro, también es cierto que se les anuncio que esta financiera estaba próxima a constituirse como banco.
La sola insinuación de que FICREA sería banco le atrajo más captación y al final fuimos los contribuyentes los que acabamos pagando por los seguros de depósitos y por lo que FICREA no pueda responder de esos mil 700 millones de pesos.
Al final la idea es muy sencilla, nuestros impuestos deberían ser destinados más a educación, salud, calles y carreteras, seguridad y menos en los viajes en helicóptero y casas de funcionarios o en subsanar fraudes financieros.