El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirma en su primer enunciado: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
“Todo poder público dimana de él”. Todo poder público.
¿Qué es el poder público?
De acuerdo con el abogado Eduardo Treviño, experto en la materia, por poder público entendemos la división de tres: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin embargo, para ejercer ese derecho –que “emane del pueblo”- necesitamos Leyes, Códigos y Reglamentos que regulen a ese poder público.
Entendido de esta forma comprendemos que si bien se nos ha otorgado ese derecho, necesitamos un marco jurídico que establezca las reglas.
El contexto socio-histórico ha cambiado en el último par de décadas, después de la ochentera sociedad civil organizada, llegó a nuestra vida pública un concepto más sofisticado, quizá el “causa-alergía” de muchos investigadores –como algunos lo reconocen públicamente- o la “piedrita en el zapato” de los políticos y los administradores públicos, o lo que pocos dentro de esas organizaciones comprenden como algo más allá que un movimiento social: la participación ciudadana.
En esa parte de acción, nosotros como ciudadanos debemos tener herramientas para que nuestra participación no sólo se quede en el voto, sino en todo el proceso de rendición de cuentas sobre los que deciden y sus decisiones.
De esta manera no sólo nos hacemos corresponsables en el discurso, sino también bajo un estricto marco legal.
Y éste tampoco es una “varita mágica” que nos garantice la vinculación, colaboración o vigilancia de nuestros gobiernos.
Sin embargo, sí permitiría el uso pleno de todas esas figuras para la participación integral de la ciudadanía.
Lamentablemente, aunque organizaciones civiles y algunos diputados del Congreso del Estado de Nuevo León han estado trabajando en años anteriores en una iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, ésta no ha podido ni siquiera estar en las prioridades de la agenda legislativa.
Es lamentable que nuestro estado sea uno de los tres en el país que no cuente con esta ley.
De acuerdo con un estudio de Alberto J. Olvera, estas leyes “han sido uno de los terrenos de innovación legal más relevantes”.
“Y lo son, porque todas las democracias operativas del mundo tienen instrumentos de participación que trascienden el escenario meramente electoral.
“Resaltan los mecanismos de democracia directa como: plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana, que en diversas modalidades se incluyen en las constituciones o en leyes secundarias en buena parte del mundo”.
Apelando a lo anterior, un movimiento conformado por diversas organizaciones y ciudadanos presentamos el lunes pasado una propuesta de iniciativa de ley que incluyera estos mecanismos ausentes.
Mecanismos que son un respaldo legal, además de las reformas necesarias a la Constitución Política del Estado de Nuevo León y mesas de trabajo para lograr acuerdos en la materia.
A pesar de la insistencia, los legisladores no se han mostrado dispuestos, ni siquiera, a incluirlo en la sesión de este jueves.
Las objeciones, con un buen estilo de excusas políticas, estriban en un “pacto” previo con otros organismos civiles que incluso ya tiene un dictamen desde hace 20 días.
También habría que cuestionarnos qué clase de ciudadanos hacen “pactos” a discreción y en privado con los legisladores, aunque esto lo dejemos para otra columna.
Pero como bien afirma mi ex profesor, Jesús Cantú, hay quienes no validarán nunca a la real participación ciudadana porque eso implica ceder el poder…
Y, estando el país y el estado como está, ¿a quién o a quiénes les conviene no compartirlo?…
Es pregunta.
