La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás una serie de artículos del Código Procesal Penal de Nuevo León, relacionados con la delincuencia organizada.
Es parte de la más nueva normatividad penal del estado donde ya se incluye la reforma y el nuevo sistema de justicia.
El ministro Arturo Zaldívar presentó el proyecto y fue votado por unanimidad.
Esto es una gran golpe a la Procuraduría del Estado de Adrián de la Garza y a todas las investigaciones contra la delincuencia organizada que realiza el nivel estatal.
Porque ya las fiscalías se habían hecho a la idea de que, según el Código de Nuevo León, los acusados de delincuencia organizada merecían prisión preventiva forzosa.
El mismo procurador lo veía como una ventaja ahora que terminara de entrar toda la reforma penal, porque podrían retener a cualquier acusado en las celdas del fuero común, sacándole información, usando como medio de presión el cargo de delincuencia organizada.
Sin embargo, la Corte consideró ayer que la delincuencia organizada es un delito de competencia exclusivamente federal.
Secuestros a la alza
Nos reportan desde Los Ramones que por allá nuevamente viven momentos de angustia, como hace unos ocho meses ya no vivían, debido a la oleada de caravanas de gente armada.
Y además, que entre los rancheros y propietarios de agostaderos, otra vez hay una serie de secuestros.
Uno de éstos, apenas de hace una semana, en el que solicitaron 2 millones de pesos a la familia de la víctima.
Pero lo peor, es que secuestran a una persona y luego van por otro familiar, castigando a la familia con una gran angustia y con la pérdida de todo su patrimonio.
Las autoridades saben bien, tanto las estatales como las federales, que el Cártel del Golfo, que hoy vive una guerra interna en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que esa organización suelta a sus células para que patrullen, marquen territorio y maten.
Y una vez que se establecen, estas células, secuestran para obtener recursos mientras hacen las demás tareas que les encargó el cártel.
Ahí están los secuestros de los empresarios de la construcción Arnoldo Cañamar, de Monterrey, y Fernando Lugo, de Matamoros.
Ambos fueron privados de su libertad y luego pidieron apenas unos 100 mil pesos por ellos, los cobraron en una tienda Elektra y luego los mataron y los arrojaron en un canal de aguas negras.
Ojalá la presencia estatal y federal se mantenga y se incremente más en toda la zona de Tamaulipas y colindantes.
