La Ley Federal de Competencia Económica que planea presentar nuestro presidente Enrique Peña Nieto contiene especificaciones que llena de ironía a su título.

Propuestas como quitar entre ocho y 10 por ciento a las ganancias de un competidor “abusivo” o limitar los precios de bienes y servicios considerados “críticos” para la nación, no solamente muestran vil ignorancia sobre las bases primarias de la inflación, sino que son base de decepción. 

Decepción en todo aquel que se dejó ilusionar por el equipo económico del presidente, auspiciado por el secretario Luis Videgaray, cuyo doctorado en Finanzas Públicas de MIT lo presenta como un experto en las consecuencias tan dolosas y previsibles de la manipulación perversa de los precios de mercado. 

Anteriormente, mientras que el Ejecutivo podía establecer precios máximos, era obligatorio que la Comisión Federal de Competencia diera su aprobación previa a cualquier fijación temporal. La modificación a la ley establece ahora que la reformada Cofeco, ahora Cofece, solo puede ofrecer su punto de vista sin tener peso en la decisión. 

La estrategia de fijar precios máximos no es solamente una pésima estrategia de política económica, sino una idea con amplia experiencia de fracaso en nuestros libros de historia. 

La primera instancia histórica la encontramos en el año 301 d.C., cuando el emperador romano Diocleciano publicó el Edicto de Precios Máximos, que  limitaba los precios a los que los comerciantes podían vender sus productos, con la pena de muerte como castigo. 

Según el doctor Roland G. Kent, de la Universidad de Pennsylvania, este edicto fue el primer intento (y fracaso) de manipular los precios del mercado en la historia moderna. 

Antes del edicto, Diocleciano había aumentado impuestos para impulsar el gasto de su imperio. Creyendo hacer lo que era mejor para su pueblo, buscó que los comerciantes vendieran a un precio “justo” su mercancía. 

El edicto fue un desastre. La mayoría de los comerciantes romanos lo ignoraron, pues su negocio no se mantendrían con los márgenes establecidos. Los compradores, abogando que los comerciantes les vendían a precios “injustos”, quemaron sus tiendas (con los comerciantes adentro).

Los comerciantes que quedaron decidieron dejar de vender su mercancía, escaseando los productos e impulsando aún más los precios. 

Viendo el fracaso del edicto, finalmente fue retirado y en 305 d.C., Diocleciano abdicó su puesto como emperador. 

En su fundamento, una política de control de precios pretende que el pueblo, con su humilde conocimiento del valor del dinero, no debe de tomar decisión sobre qué productos demandar a qué precios. 

Es una política que irradia arrogancia y presunción, un acto de condescendencia social y un juicio moral al comerciante que busca maximizar sus ganancias. 

Aún más rabia causa el que la actual deplorable situación económica de Venezuela y Argentina no haya servido de ejemplo de mala conducta económica, sino como modelo a copiar e implementar lo antes posible. 

Esperemos que nuestros líderes reconsideren las distorsiones que se proponen hacer, antes de que nos volvamos otro ejemplo en el libro de historias de desastres económicos.

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