Integrantes de la sociedad civil decidieron meterle presión al fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, pues consideran que la dependencia no ha registrado prácticamente avances desde que el funcionario fue designado hace ya más de un año.
En particular, los integrantes de la llamada Coalición Anticorrupción, integrada por organizaciones como Coparmex, Concejo Cívico, Canaco, Vértebra, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, perciben que hay casos emblemáticos como el llamado “cobijagate” o las anomalías en la recolección de firmas para la candidatura de Jaime Rodríguez a la presidencia que no han sido atendidas debidamente por la Fiscalía.
A pesar de que estas y otras investigaciones como la compra del dron están abiertas, Javier Garza y Garza tampoco ha transparentado el avance de las mismas, ya no digamos los resultados (porque no los hay). Por ello solicitaron por escrito un informe para conocer el estado de las mismas.
En el documento que fue entregado ayer en la sede de la Fiscalía, las organizaciones exigen conocer las carpetas de investigación que permanecen abiertas, así como los procesos penales, las sentencias o la recuperación de activos derivados de delitos relacionados con actos de corrupción ¿Cuál será la respuesta de Garza y Garza?
Sin fecha para Juicio político a Vital
El diputado local de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Anticorrupción, Arturo Bonifacio de la Garza, continúa dando largas a la petición de un juicio político contra el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, derivado de la falta de acciones para combatir la contaminación en la entidad.
Han pasado siete meses de que se solicitó iniciar el juicio político, y aún no se vislumbra que la Comisión sesione para que el funcionario rinda cuentas sobre la mala calidad del aire que viven millones de neoleoneses.
Lo que resulta muy preocupante es que “Boni” no atienda la exigencia, aún cuando el Instituto de Políticas de Transporte y el Desarrollo (ITDP) anunció que Monterrey tiene la mayor tasa de muertes prematuras a consecuencia de la emisión de partículas PM 2.5.
El Instituto asegura que han ocurrido 16 muertes por la contaminación en la entidad, cifra que pareciera no preocupar al Congreso, pero que es más que suficiente para llamar a cuentas a Vital.
¿Cuántas muertes tienen que pasar para que se tome en serio la solicitud de juicio político contra Vital?
Lo que sí hay que decir es que la situación de la mala calidad del aire, sobre todo en el área metropolitana, es alarmante.