Esta frase se puso de “moda” (si es que un tema tan importante puede serlo) a mediados del sexenio anterior una vez que se emprendieron las acciones supuestamente estratégicas de la “guerra contra el narcotráfico”.
Pero con las consecuencias por todos conocidas, que impulsaron una nueva manera de entender a la delincuencia y que ahora ya se cuentan como premisas con sentido: los jóvenes somos los más vulnerables, la desigualdad incrementa la delincuencia, los barrios no son violentos, están violentados, etcétera.
La historia de la prevención más bien surgió al revés como existen muchas iniciativas en este país. Reaccionamos ante los sucesos sangrientos que estaban marcando -y sigue pasando- a nuestras comunidades cercanas y lejanas.
De estas circunstancias surgieron ONGs, fundaciones, emprendimientos, movilizaciones sociales, iniciativas de Ley, entre otro largo etcétera.
Mucho se ha cuestionado, de hecho, los programas emprendidos desde el Gobierno Federal, o incluso, los de la iniciativa privada o la sociedad civil organizada al respecto.
Pese a la polémica, son los grandes avances que intelectualmente, con algunos casos sobre la mesa en la práctica, hemos aprendido para entender que la solución de conflictos no puede ser exclusivamente punitiva.
Hay que encontrar más herramientas interdisciplinarias para poder lograr incidir en los comportamientos comunitarios y que el Estado debe dirigir cualquier política pública en la atención a la población más violentada.
El salto cuántico no podría darse sin gente talentosa que está dispuesta a romper sus propios paradigmas y entrar a hacer la paz con esta óptica de resolver problemas con la cultura, la educación, la salud, el deporte, el urbanismo social, entre otras múltiples formas.
Por eso la preocupación de esta sociedad civil organizada -sin caer en la politización de un tema tan delicado e importante- es muy válida ante el nombramiento del subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Arturo Escobar.
El comunicado de prensa a la que se han sumado varios especialistas, destaca la falta de experiencia y las posturas punitivas distantes de la concepción de la prevención que ha asumido Escobar en su pasado como diputado.
Sugieren también que de ser esta la decisión, exista un “mecanismo de supervisión externa que vigile que la Subsecretaría no se desvíe de las premisas que deben guiar estos esfuerzos y que atienda los problemas y cuestionamientos que aún están pendientes en esta materia”, se afirma en el posicionamiento.
Aunque las violencias o los delitos no estén mediatizados, existen. Eso no podemos evitarlo y nadie tiene una “varita mágica” para tal fin. Tan es así que a marchas forzadas se ha podido hacer visible este tema.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto mencionó en su primer discurso la importancia de su permanencia como prioridad en la agenda gubernamental de su sexenio. Tendría que haber coherencia entre ese primer discurso y las medidas consecuentes hasta el final de sus funciones como primer mandatario.
Con este compromiso y con todo lo hecho por actores desde diferentes sectores es que esta Subsecretaría necesita algo más que el respaldo o la colaboración, hoy se requiere observarla, como lo afirman las organizaciones y expertos.
Más porque nos acostumbramos en el país a “apagar fuegos” y “tapar hoyos después del niño ahogado”, en lugar de construir previniendo lo que puede suceder si no tenemos una visión de provocar en nuestras comunidades transformaciones que permitan la continuidad de este trabajo para no tener que lidiar en el futuro con desastrosas consecuencias.
Estamos siempre a tiempo de hacer algo, aquí el asunto es que si ya lo comprendimos nos queda mucha práctica de por medio.
Con una institución y sus respectivas autoridades que respondan corresponsablemente en esa dirección, puede ser posible y si no lo es, entonces, hay que obligarla y obligarnos.
No podemos seguir pensando, ante nuestras adversas circunstancias, en la prevención del delito como una duda, después de todo lo que hemos enfrentado debe ser una afirmación.
