Los integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Nuevo León están bastante molestos con su coordinador, Ramiro González Gutiérrez, por la manera en que está promoviendo su primer informe de labores legislativas.
Ramiro es el único integrante de la bancada guinda que está emprendiendo una campaña de difusión en redes sociales a través de videos y anuncios de sus “logros” legislativos, una estrategia de posicionamiento que, por cierto, cuesta.
Pero la molestia de los legisladores morenistas va más allá, pues el diputado del distrito 16 en Apodaca está presumiendo el trabajo de la bancada como si fuera solamente suyo, personalizándolo.
Ramiro presume hasta de haber “aprobado”, entre otras cosas, la regulación para el uso de vehículos recreativos todo terreno en Nuevo León, o la entrega de paquetes deportivos como uniformes o balones a deportistas.
Eso sí, el legislador omite que fue quien bloqueó la Ley de Bienestar, o que es en gran parte responsable de que la Ley de Movilidad esté parada, ya no digamos la sanción a “El Bronco” y Manuel González que lleva más de un año pendiente.
Habría que recordarle que autopromoción no es lo mismo que trabajo legislativo.
Samuel insiste en destitución
El senador Samuel García insiste en que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón tendría que ser destituido por el Congreso local por recabar firmas de manera irregular antes del inicio de la elección presidencial.
Uno de los puntos clave que resalta el emecista es que sí se puede calificar como grave la captación de firmas en favor del mandatario, si se toma en cuenta la violación al artículo 134 constitucional, párrafo 7.
“(Todos) los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, señala dicho artículo.
Nos comentan, que el equipo jurídico del Congreso local está reconociendo que sí existió un desvío de recursos, aunque la comisión del posible delito se realizó antes de iniciar la elección presidencial. Es decir, no había competencia entre los partidos políticos.
Aún falta mucho tiempo para saber qué determinarán los diputados del Congreso local, donde la sentencia original del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que en caso de que el Congreso local encuentre alguna irregularidad, podría emitir una sanción, más no se lo ordena.
