El plan de austeridad que anunció ayer el gobernador Rodrigo Medina pretende recortar el gasto público en 2 mil 300 millones de pesos.
De entrada la cifra parece ambiciosa e inalcanzable, pero ese no es el problema que se le presenta al mandatario de Nuevo León.
El Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) contempla el despido de más de mil empleados estatales, reducción de sueldos y la cancelación de gastos de representación, entre otros ajustes.
El problema es que ni alcanzando este monto será suficiente para sanear el déficit público que arrastran las finanzas estatales desde la administración del ex gobernador Natividad González Parás.
Las voces más optimistas cifran el hoyo financiero que existe en las finanzas de Nuevo León en casi 8 mil millones de pesos.
La apuesta de Rodrigo Medina no está en el POFIF, sino en la llegada del nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que se concrete un rescate de las entidades federativas con riesgo de quiebra.
Qué ironía: Natividad González Parás fue condecorado la semana pasada por el gobierno de España, un país que sufre hoy en día las consecuencias del despilfarro y la irresponsabilidad de sus políticos.
Sindicato blanco en apuros negros
Hasta ayer el secretario general y el tesorero de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) seguían detenidos en un penal de máxima seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El titular del sindicato, Jacinto Padilla Valdés, así como el tesorero del organismo, Gerardo Ibarra Ruiz, fueron aprehendidos el pasado 14 de noviembre en Monterrey.
Los dos están acusados del secuestro de un hijo del ex integrante del Consejo Ejecutivo del sindicato, Eduardo Flores, como lo consignó Reporte Indigo desde hace casi dos años.
La detención de estos líderes representa un grave conflicto para la organización que alguna vez fue creada por la cúpula empresarial como el sindicato blanco, pero que definitivamente sus dirigentes convirtieron en una estructura negra.
Hoy ambos sindicalistas están en el Centro de Readaptación Social Número 9, de Ciudad Juárez, acusados de secuestro y delincuencia organizada.
Pero el hijo del ex integrante del Consejo Ejecutivo, Eduardo Flores, no aparece desde hace unos 22 meses.
Derechos Humanos y el Casino Royale
Hace casi tres meses el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, anunció que “en breve” se publicaría una recomendación en contra de las autoridades por la tragedia del casino Royale.
Hace más de un año en este centro de apuestas un incendio provocado por un ataque del crimen organizado ocasionó la muerte de 52 personas.
El anuncio del ombudsman mexicano se hizo el pasado 30 de agosto durante una visita a Monterrey y ya pasó septiembre, octubre y está por concluir noviembre, y la resolución de la CNDH sigue archivada.
¿Estará esperando el presidente de la CNDH que llegue diciembre para entregarla como un regalo de Navidad para las víctimas del Royale? ¿En serio cree en eso, señor Plascencia?
