Al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se le vio muy contento en días recientes. Además de la victoria electoral de su partido Movimiento Ciudadano en gran parte de la entidad, se sumó que el 21 de junio fue sorprendido en su oficina con un pastel por su cumpleaños. “A pesar de tener mucho trabajo”, dijo, se dio tiempo para soplarle a las velas y posar para la foto. Lo que sorprende es que con tantas labores a cuestas se haya tomado el tiempo para darse cuatro días sabáticos “por motivos personales” y regresar a labores hasta el próximo sábado.
Lo cierto es que los jaliscienses se despertaron hoy con el hallazgo de una nueva narcofosa en San Martín de las Flores, Tlaquepaque, tres balaceras en Guadalajara y una vacunación a cuentagotas. Eso sí, Alfaro rompió la veda vacacional para reprocharle al presidente López Obrador que su Gobierno no ha entregado los recursos necesarios para la construcción de la presa El Zapotillo.
Precisamente se espera que tenga un regreso muy agitado a su oficina, pues le aguarda la reunión que sostendrá con el primer mandatario, y con la cual el jalisciense pretende destrabar, de una vez por todas, la construcción de la presa. La falta de agua en numerosas colonias de Guadalajara y las continuas protestas sociales por esta situación, parecen haber aumentado la presión política sobre Alfaro, quien sostiene que El Zapotillo es la única alternativa viable para aumentar el suministro de agua a la ciudad. El asunto ha estado detenido durante años y es uno de los más complejos de la agenda pública de Jalisco.
AVANCE A MEDIAS
Si bien el aval a una iniciativa para que la violencia política, en razón de género, sea causal para llevar a juicio político a servidores públicos es un gran avance en la materia. Lo cierto es que se trata, para algunas voces, de un logro a medias.
Los diputados que integran la Comisión Legislativa de Responsabilidades en el Congreso de Jalisco, aprobaron ayer esta reforma que amplía las causales para el juicio político, sin embargo, en el caso de la violencia política en razón de género, se requiere que el señalado tenga una sentencia en firme.
Es decir, según lo expresó la propia presidenta de la Comisión, la diputada María Esther López Chávez, este “candado” dificulta seriamente dar inicio a un juicio en contra de un servidor público por esta falta, pues aunque se tengan pruebas suficientes, se tendrá que esperar la sentencia de un juez. Por lo que, incluso cuando sea una falta evidente, no se podrá proceder hasta que la autoridad judicial resuelva; lo que podría alargarse sin que realmente haya una consecuencia para el funcionario.
