Mientras se acerca la fecha de la sesión del Consejo Estatal de Transporte, en donde se definirá el alza en la tarifa del transporte público en Nuevo León, los diversos actores en la entidad comienzan a definir su postura de cara a la trascendental decisión.
El gobierno estatal, aunque no lo ha afirmado abiertamente, ha dado signos de respaldar las demandas de los empresarios transportistas, pues después del paro del pasado lunes, habría llegado al compromiso con el gremio de respaldar la petición del “tarifazo” en el Consejo.
La administración estatal cuenta con seis representantes, entre los que se encuentran el gobernador Jaime Rodríguez, así como el secretario General de Gobierno, Manuel González, y el titular de la AET, Jorge Longoria.
Los transportistas cuentan con representación de siete empresarios.
Los que han expresado públicamente su rechazo son los sindicatos como CTM, cuyo titular es Ismael Flores, así como los empresarios y los representantes de los usuarios del transporte.
El Congreso, aunque en su mayoría rechaza la medida, solo cuenta con un voto.
Las dos posturas ya están definidas en el Consejo, pero los alcaldes de la Zona Metropolitana aún no han hecho público su voto.
Los municipios representados son nueve, por lo que sus votos son los que definirán el resultado final.
¿De parte de quién se van a poner los presidentes municipales?
¿Reservarán el sentido de su voto hasta el próximo 8 de mayo?
La presión aumenta.
Policía privada, dinero público
La declaración del secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, quien aseguró que se cobrará a los organizadores de eventos masivos el envío de elementos policiacos de la dependencia, pone en evidencia, entre otras cosas, que como funcionario está lejos de ser proactivo, o de proponer ideas frescas e innovadoras.
Esto de cobrar la seguridad estatal en eventos, únicamente se ha visto en algunas administraciones de los municipios rurales, aclarando que no en todas, pues hay elementos de seguridad municipal que cuidan la seguridad en salones para celebración de diversos eventos particulares.
Esto es común en algunas localidades como Linares y Montemorelos.
A raíz de estas declaraciones, también surgen muchas interrogantes.
¿Se entregará una factura por el servicio prestado? Porque los organizadores tendrían que pedir la factura para comprobar sus gastos.
¿O el pago será en efectivo? Y quizá lo más importante: ¿a dónde se destinarán los recursos obtenidos por este cobro?
La verdad que hablar por hablar no tiene sentido, y hoy en día lo que realmente necesita Nuevo León es que el funcionario esté concentrado en el tema de seguridad y echar a volar lo más rápido el dron para ver si de verdad con su entrada en operación se comienzan a ver mejores resultados, y no andar buscando cobrar por los eventos.
