El plan de replicar el modelo de la Policía Metropolitana de Jalisco en Nuevo León es, entre otras cosas, cuestionable por los resultados.
Resulta que el gobernador electo, Samuel García, acudió, junto con 14 alcaldes electos del estado, para “aprender” lo bien que está combatiendo Jalisco la violencia, a pesar de que en febrero el estado obtuvo el cuarto lugar en homicidios, según cifras oficiales.
No sorprende, hasta cierto punto, que García se equivoque al querer traer un modelo de seguridad fallido a Nuevo León, pues es un político inexperto en temas de inseguridad.
Pero lo que sí sorprende es que los alcaldes reelectos como César Garza, en Apodaca; Cristina Díaz Salazar, en Guadalupe; y Miguel Treviño, en San Pedro, respalden al futuro gobernador para replicar el modelo de Jalisco porque son incongruentes.
Tanto que presumieron en sus últimos informes los buenos resultados en seguridad y ahora buscan adoptar un modelo cuyos resultados son, hasta el momento, ineficientes. Miguel Treviño ha dicho que la Policía de San Pedro es un modelo a seguir, de vanguardia y con tecnología de punta, y ahora copiará otra estrategia.
LUZ VERDE PARA REVOCACIÓN
Esta semana se llevará a cabo la reunión de las comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, que presiden el diputado del PAN, Félix Rocha, y el legislador del PRI, Jorge de León, respectivamente.
Como lo habíamos adelantado, ya se están afinando los detalles para aprobar la figura de la revocación de mandato; todo quedó ya perfilado para que el anteproyecto sea discutido y, en su caso, aprobado el próximo miércoles cuando se celebre la sesión.
Luego se subiría al Pleno para su votación en segunda vuelta. Nos dicen que ya existen los consensos para que transite, sólo falta que los coordinadores se pongan de acuerdo y con esto se pueda aplicar a partir de la próxima administración del gobernador electo, Samuel García.
Hasta el momento ningún diputado u organización civil ha manifestado su rechazo a la aprobación de esta figura. Nos aseguran que esto sólo aplicaría para el caso del gobernador, mas no para los alcaldes y diputados, pues sería una armonización de la Ley federal con vigor tres meses después de que el gobierno del mandatario estatal cumpla tres años.
