Redes de poder MTY: Alerta en San Pedro y preocupan posibles abusos por cubrebocas

El video del secuestro de un ciudadano en el municipio de San Pedro, perpetrado por un grupo de hombres encapuchados, sirvió como recordatorio de los años más difíciles en materia de seguridad en la Zona Metropolitana de Monterrey. Este hecho tendría que encender las alertas en la administración del alcalde con licencia, Miguel Treviño.

Pero más allá de que el municipio informa que han puesto todos los recursos de la policía de San Pedro a disposición de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, lo que realmente está haciendo falta es la implementación de una estrategia de inteligencia para prevenir, no sólo para reaccionar.

Si bien el Inegi coloca al municipio de San Pedro como el de menor percepción de inseguridad en el país, esto no tendría que ser pretexto para que las autoridades se relajen, y menos cuando se están documentando casos de secuestro.

Lo que tampoco se vale es que MarcialHerrera ahora esté pidiendo la renuncia de Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad Pública sampetrina. Menos cuando se recuerda que él, en su periodo frente a la secretaría, no entregó buenos resultados para mitigar la inseguridad en 2015 y 2016.

Tal parece que cada quien quiere llevar agua a su molino, cuando el tema de seguridad no se debería politizar.

Preocupan posibles abusos por uso de cubrebocas obligatorio

Sin duda se esperaba que la decisión de reformar la Ley Estatal de Salud, para establecer la obligatoriedad de portar el cubrebocas, levantaría reacciones y generaría controversia.

Ya de entrada, a las pocas horas de que se aprobara la reforma con sanciones incluidas para quien no tome esta medida sanitaria, hubo rechazo por parte de la dirigencia estatal de Morena en Nuevo León. Bertha Puga criticó la decisión, al considerar que se criminaliza el desuso del cubrebocas.

En un comunicado la dirigencia morenista recordó otras estrategias fallidas del gobierno estatal, como la reducción de horarios en el transporte público y en algunos negocios o el cierre de ciertos giros.

Pero no sólo entre la clase política hubo reacciones, sino también entre la sociedad civil organizada, pues diversos organismos también hicieron un llamado a la autoridad a evitar abusos y arbitrariedades. La controversia apenas empieza.