Redes de poder MTY: Amparos de La Huasteca y esperan respuesta transportista

El desmonte en el Cañón de Ballesteros de La Huasteca, una zona natural protegida, va más allá de posibles acciones sin autorización, pues existen amparos otorgados por el Poder Judicial Federal, sobre los que al parecer ninguna autoridad quiere pronunciarse.

Un total de 33 amparos se han interpuesto en contra el decreto por el que se creaba el Parque Nacional Cumbres en el año 2000, de los cuales únicamente seis prosperaron en los tribunales federales.

Originalmente, la Inmobiliaria Dos Carlos S.A de C.V. obtuvo el amparo número 1545/2000 para la construcción del proyecto Valle de Reyes dentro de La Huasteca, pero este derecho lo cedió a Grupo Marfil.

Existen otros amparos como el 263/2000, 1115/2003, 1090/03, 1103/2003-II y 1095/2003, que fueron interpuestos por un grupo de inversionistas, quienes compraron los terrenos a ejidatarios de la zona con la intención de desarrollar.

Nos dicen que estos recursos legales únicamente son válidos para “librar” las disposiciones que contenga el decreto del Parque Nacional Cumbres, mas no por el uso del suelo, permisos e impacto ambiental.

Pero lo que llama mucho la atención es que el municipio de Santa Catarina, cuyo alcalde es Héctor Castillo Olivares, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el desmonte en La Huasteca.

¿Acaso habrá otorgado los permisos de uso de suelo? Sería bueno que aclare la situación.

Esperan respuesta transportista

Tras la publicación y entrada en vigor de la Ley de Movilidad, las autoridades estatales están expectantes ante posibles manifestaciones por parte del sector transportista.

Y es que la nueva normativa, además de no ser del agrado del gremio, de momento frena la posibilidad de un incremento a la tarifa, una exigencia de los empresarios de transporte que se ha ido posponiendo y que, en teoría, podría quedarse frenada al menos durante un año.

A pesar de que Noé Chávez y el propio secretario General de Gobierno, Manuel González, ya están en conversaciones con los transportistas, no se descarta una respuesta firme por parte de estos últimos.

De hecho, el día de ayer, ante la amenaza de una protesta por parte de los taxistas, el Congreso estatal estuvo resguardado por elementos de Fuerza Civil, aunque finalmente los inconformes no hicieron acto de presencia.

Hay que recordar que la nueva ley toma en cuenta al transporte por medio de aplicaciones como Uber o Didi, que pagarán un impuesto de 1.5 por ciento por cada viaje, cuando el gremio de taxistas tradicionales pretendían que se prohibiera su operación.