El partido Morena presentó una queja ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León alegando discriminación en el debate entre candidatos a una diputación local por el Distrito 18, con sede en el municipio de San Pedro.
El sentido de la denuncia es porque no se le permitió a la candidata guinda, Argentina Montalvo, quien tiene una discapacidad visual, utilizar su equipo móvil, el cual tiene un programa especial de lectura para poder apoyarse en sus mensajes.
La queja puede tener dos vertientes, nos dicen: la de una posible anulación del debate, o incluso, que vuelva a llevarse a cabo el mismo, bajo la garantía de que, ahora sí, se den las condiciones igualitarias para todos los participantes.
Nos dicen que reclamo de Morena está sustentado en que, el pasado domingo, durante el debate entre los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, al candidato emecista, Samuel García, sí se le dejó usar el teléfono celular para proyectar una imagen, lo cual está prohibido y además se sostiene que el aspirante de MC no cuenta con ninguna discapacidad visual que le impida estar en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos. Veremos si la Comisión muestra sensibilidad, y si opta por repetir el debate por el Distrito 18 porque si al final todo queda en una “disculpa” no se resolverá el asunto de fondo.
Candidatos reprobados en transparencia
La Coalición Anticorrupción Nuevo León, conformada por distintas organizaciones civiles y activistas, dio a conocer el día de ayer que únicamente 11 candidatos de los 550 inscritos para competir por alguno de los puestos de elección popular en juego el próximo 6 de junio han presentado su 3 de 3 en la plataforma habilitada.
Aunque en la entidad no es obligatorio que los aspirantes realicen este ejercicio de transparencia, la realidad es que se esperaba una mejor respuesta por parte de los actores políticos, pero a poco más de dos semanas, sólo dos por ciento se ha sumado a esta iniciativa, lo que evidentemente no aporta a que la ciudadanía tenga un voto informado cuando llegue a las urnas.
Ahora la preocupación real de las organizaciones civiles es que, ante el fracaso del ejercicio, la iniciativa de hacer obligatoria la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para quienes aspiren a un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral quede relegada en el Legislativo pues, por lo que parece, quedará en manos de los mismos legisladores (hoy candidatos) que no le han dado importancia.
