La pandemia por coronavirus COVID-19 ha resultado una excusa perfecta para las autoridades en Nuevo León para recaudar dinero de los ciudadanos.
Resulta que el Gobierno estatal busca multas de hasta 34 mil pesos o cárcel en caso de que un portador de este virus no tome las medidas de aislamiento y protección necesarias y se lo contagie a otra persona.
En términos prácticos, es muy difícil comprobar con datos de pruebas que una persona contagió a otra, por lo que, nos hacen ver especialistas, lo que va a resultar es que las personas involucradas solo tengan que pagar una multa para irse.
En el municipio de San Pedro pretenden multar a los ciudadanos que no usen el cubrebocas, una medida que el alcalde Miguel Treviño ya hizo oficial. Mientras que en Monterrey, capital del estado, las autoridades están en el mismo sentido de infracciones a los regios.
Ayer Treviño fue aún más lejos y sorprendió al informar que pretende multar también a quienes realicen bodas en su municipio y, además, procederá con la clausura de locales.
Pareciera que están aprovechando la situación, pues podrían tener la intención de recaudar o, más bien, recuperar por medio de estas multas lo que no han dejado infracciones de tránsito debido al confinamiento y la reducción del número de automóviles circulando.
Reclaman por iniciativa ‘a medias’
Aunque las diputadas impulsoras de las reformas a la Constitución local en materia de paridad aceptaron un dictamen que, en realidad dejaba incompleto el establecimiento de la paridad total y lo calificaron como avance, organizaciones civiles, e incluso algunos otros legisladores, no quedaron conformes con lo que se votó en el Congreso de Nuevo León.
Integrantes de Red Paridad y Derecho a Gobernar rechazaron el dictamen avalado en primera vuelta al considerar que está “mocho”, ya que limita la paridad y la posterga, e incluso lo calificaron como inconstitucional.
El diputado del grupo parlamentario de Morena, Luis Armando Torres, señaló que este dictamen debió rechazarse y ser reformado, ya que además de ser un retroceso para las mujeres, no quedó armonizado con la paridad a nivel federal.
La iniciativa no garantiza, por ejemplo, una integración paritaria en órganos autónomos, ni en el nombramiento de magistrados y juezas en el Poder Judicial.
Aún hay optimismo de que en la segunda vuelta de la votación se puedan subsanar las carencias que quedaron en la primera, pero para eso habrá que generar empatía entre los legisladores y legisladoras.
