La falta de quórum que impidió que sesionara la Comisión Anticorrupción para discutir la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez y el secretario de Gobierno, Manuel González, vuelve a dejar muy mal parado a nivel nacional al Congreso de Nuevo León, especialmente a los diputados integrantes de la misma.
La Comisión estaba programada para iniciar a las 11:30 pero, nuevamente, las pugnas entre las distintas fuerzas y la politización de un tema tan delicado como la sanción ejemplar que merecen el gobernador y el secretario de Gobierno se terminaron imponiendo.
Movimiento Ciudadano señala directamente a las diputadas Claudia Tapia y Delfina de los Santos por romper intencionalmente el quórum, pero a los diputados “ciudadanos” se les señala por operar de manera ventajosa al pasar lista sin la presencia de sus compañeras para exhibirlas. Es decir, lo que sigue imperando es el cruce de señalamientos, pero de la sanción nada.
No hay que olvidar tampoco que el presidente de la Comisión, Arturo Bonifacio de la Garza, ha tenido más de una oportunidad, desde el año pasado, para sacar adelante la sanción, pero justo ahora, en este momento, es cuando más prisa parece tener.
Esto no ha hecho más que alimentar la sospecha de que el partido naranja, más que verdaderamente buscar sancionar a Jaime Rodríguez y a Manuel González, lo que busca es seguir sacando beneficios políticos a este tema, hasta donde sea posible.
Pero si la estrategia de los diputados emecistas es fortalecer el proyecto político de su potencial aspirante a la gubernatura y no realmente buscar la sanción, esto aún va para largo.
Sin riesgo por desacato
Otro punto a considerar es que en términos legales, el Congreso no está emplazado aún a definir la sanción, es decir, no está en una carrera contra el tiempo. Si ese es el pretexto para querer acelerar el dictamen, éste no es válido.
En el acuerdo de la Sala Regional Especializada sobre el cumplimiento de la sentencia con fecha del 7 de abril se establece que resulta “oportuno y necesario” suspender temporalmente del cumplimiento de la sentencia debido a que no hay certeza de cuándo se restablezcan las actividades por motivo de la emergencia sanitaria.
A pesar de que la Sala había puesto como fecha límite para la sanción el pasado 24 de abril, al considerar que el COVID-19 es una causa de fuerza mayor que impide su cumplimiento, se suspendió temporalmente el emplazamiento. Así que de momento, el Congreso no está en riesgo de desacato.
