La adquisición de 510 camiones como parte de la reestructuración del transporte público podría convertirse en un negocio millonario muy apetitoso para quien sea el ganador del contrato de arrendamiento de las unidades, un esquema que anunció el gobernador Samuel García.
Si el gobierno pretende aplicar este esquema financiero y que los transportistas sean quienes operen las unidades de transporte esto sería un favor para los empresarios pues hasta ellos podrán adquirir las propias, tal como lo anunció Hernán Villarreal, secretario de Movilidad.
Pero esto aún deja muchas dudas, por ejemplo, ¿cuál sería la tasa de interés de este arrendamiento?
De igual manera, esto que pretende hacer Samuel es, en cierta forma, lo mismo que hizo su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón en 2019, al solicitar al Congreso aplicar este esquema para mil vehículos a un costo de 2 millones de pesos por cada unidad, es decir, más de 2 mil millones por toda la flotilla.
El ganador, de acuerdo a la licitación pública 59/2019, fue la empresa Value, propiedad del empresario Carlos Bremer.
Bremer, por cierto, fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Samuel García como gobernador y también se le ha visto en eventos públicos como el Festival Santa Lucía.
Secuelas de la expropiación
El municipio de San Pedro, encabezado por el alcalde Miguel Treviño de Hoyos, dejó inhabitables los dos inmuebles de la vecina Rocío Leos Chávez, tras llevar a cabo una accidentada expropiación para la ampliación de la avenida José Vasconcelos.
Así lo determinó un peritaje que ordenó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación. Se afectaron los servicios, una parte de la electricidad, el gas y se registraron daños a la tubería de agua.
La estructura de los dos inmuebles, uno que fungía como vivienda y otro como local comercial, también resultó con afectaciones.
Pero lo más lamentable es que, según el peritaje, se tomaron un metro más de lo que estaba establecido en el decreto de expropiación. En teoría, el municipio tendría que hacerse cargo de estos daños.
Se espera que con el amparo interpuesto por la vecina de San Pedro, el juzgado de distrito se pronuncie en el mismo sentido, a favor de Rocío y en contra del ayuntamiento, cuyos funcionarios actuaron con abuso de poder y de manera arbitraria.
