Un grupo de ciudadanos, encabezados por José Múzquiz, estarán demandando el día de hoy un juicio político en contra del secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.
Nos dicen que el sustento de la solicitud, que será entregada en la Oficialía de Partes del Congreso local, es porque Manuel de la O excedió sus facultades legales al clausurar el órgano legislativo, entorpeciendo la legislación, la aplicación de la justicia y dañando intereses públicos fundamentales.
Lo que también tendrían que contemplar los diputados es la posibilidad de aterrizar una investigación sobre los falsos positivos de COVID-19 que el legislador del PAN, Jesús Nava, aseguró que hay en esta entidad, señalamientos por los cuales muchos se han quedado callados y, que sin duda, serían muy graves.
Esto ha provocado desconfianza en las cifras que reporta Manuel de la O, y el funcionario también tendría mucho que decir sobre las pruebas y los números basados en las mismas.
Hay que recordar que el funcionario también fue señalado como el líder en recabar apoyos para la fallida candidatura presidencial del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y ahora es en extremo sospechoso de que con una decisión tan cuestionada como la clausura del Congreso haya intervenido en el proceso de sanción, que ya está bastante rezagado, en contra de “El Bronco” y de Manuel González.
Otra cosa que llama mucho la atención es que los diputados se mostraron pasivos, por decirlo de alguna manera, tras la clausura este recinto. Y el hecho de que a partir de ahora ahora se pretenda negar la entrada a los legisladores que salgan positivos en las pruebas, las mismas que han tenido fallas, vuelve a generar muchas dudas e incluso pone en entredicho si esta medida puede resultar violatoria de los derechos humanos de los diputados.
TRIBUNAL PIDE EXPLICACIONES
Para sumar a todo esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la falta de avances sobre la sanción en contra del gobernador y el secretario de gobierno, ya solicitó a los legisladores locales un informe sobre dicho proceso sancionador.
Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF pidieron, de manera urgente al Congreso, detalles sobre el cumplimiento de la sentencia, la cual ordenaron desde hace más de dos años.
La situación ya está al límite, y los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Legislativo está citada a sesionar este día a las nueve de la mañana para dictaminar la sanción, la cual propone la destitución e inhabilitación por seis años en contra de ambos funcionarios.
¿Por fin esta semana habrá luz verde para determinar los castigos?
