La declaración de Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública, en la que afirmó que surgen cada mes 30 nuevos sicarios, evidencia que no se está trabajando en el tejido social de Nuevo León.
Tal parece que Aldo quiere desestimar el trabajo de Martha Herrera, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, pues eso implicaría que los centros comunitarios no están dando los resultados deseados.
Estos centros, que se instalaron en sectores vulnerables, se crearon para impedir que los jóvenes se conviertan en parte del crimen organizado y, en general, que se alejen de actividades criminales, a través de talleres formativos, recreativos, deportivos y culturales, así como servicios psicológicos.
Aldo, nos dicen, evadió su responsabilidad en materia de prevención de los delitos y quiso repartir las responsabilidades hacia otros lados.
Tal parece que al funcionario se le olvida que ya lleva desde 2018 como el principal responsable en materia de seguridad en la entidad, desde el sexenio de Jaime Rodríguez, y quizá debería de empezar por tener autocrítica antes de apuntar hacia otras dependencias.
Nueva fractura entre poderes por UIFE
Bernardo González finalmente declinó aceptar el nombramiento de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado (UIFE), después de haber sido propuesto por el gobernador Samuel García.
El motivo, como él lo comentó, fue que no hay suplente que se haga cargo de su notaría, algo que resulta difícil de creer.
La llegada de Bernardo formaba parte de un acuerdo al que habían llegado entre los coordinadores de las bancadas del PAN y PRI, Carlos de la Fuente y Heriberto Treviño, respectivamente.
Parte de la negociación era que se retiraran las reformas en el Congreso que le quitaban la UIFE y la SAT al gobierno estatal. Los dictámenes fueron retomados ayer por los diputados locales, lo que exhibe que puede estar latente una nueva fractura entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Veremos.
