Redes de poder MTY: Imposición naranja en Tribunal de Justicia Administrativa y revés para Treviño
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, liderada por Eduardo Gaona, califica como albazo que el Poder Legislativo abra la posibilidad de que el Tribunal de Justicia Administrativa sea un órgano autónomo. Pero, más allá de las severas críticas de los legisladores naranjas por la propuesta del PAN para que se […]
Redes de PoderLa bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, liderada por Eduardo Gaona, califica como albazo que el Poder Legislativo abra la posibilidad de que el Tribunal de Justicia Administrativa sea un órgano autónomo.
Pero, más allá de las severas críticas de los legisladores naranjas por la propuesta del PAN para que se realicen mesas de trabajo en donde se estudie la autonomía de este tribunal, la realidad, dicen, es que buscan imponer a Ethel María Maldonado Guerra como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Gaona y la diputada emecista, Irais Reyes, se encargaron de descalificar esta propuesta.
Habrá que recordar que Ethel María participó como candidata a la alcaldía de San Nicolás por Movimiento Ciudadano. Las críticas a la propuesta de participación de la población en la toma de decisiones sobre este caso dejan ver que los diputados naranjas quieren que su excandidata se quede con el cargo. ¿Esto no es una práctica de la vieja política?
Revés para Treviño
El municipio de San Pedro, encabezado por el independiente Miguel Treviño, recibió un severo golpe legal después de que la expropiación de inmuebles para la ampliación de la avenida Vasconcelos fue calificada como un acto arbitrario.
Nos aseguran que a una ciudadana sampetrina se le concedió una suspensión provisional en un juicio de amparo por un tribunal del Poder Judicial de la Federación, lo que exhibe al equipo jurídico de este ayuntamiento.
La administración municipal no comprobó haber notificado sobre la expropiación del inmueble, por lo que la queja de la ciudadana quedó fundada, pero lo más lamentable fue el uso de la fuerza pública para desalojar a las familias, un acto autoritario.
Nos dicen que, incluso, los elementos policiacos vulneraron la dignidad de la familia afectada. La resolución refiere que la Constitución mexicana menciona a la vivienda como un derecho humano.
Lo más lamentable es que las autoridades municipales no respetaron el derecho de audiencia de los afectados, a pesar de que, supuestamente, la administración de Treviño es sensible a los problemas de los ciudadanos de esta entidad. Tal parece que esa sensibilidad sólo se queda en el discurso.