La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad será recordada, sobre todo, por conceder la pretensión de rescatar financieramente a los empresarios transportistas. Y peor aún, con Hernán Villarreal, titular de este instituto, fue más que claro que el arrendamiento lo haría el Gobierno central, mientras que los transportistas lo operarían.
El funcionario dijo que a los empresarios no les financian las unidades, pues algunos no pudieron pagar los camiones y los regresaron, incluso, muchos de ellos dijeron públicamente que no podían sostener este negocio. Es decir, están casi en la quiebra.
Esta junta, integrada por organizaciones civiles, cámaras intermedias de la Iniciativa Privada, alcaldes y ciudadanos, no cuestionó este evidente rescate sobre ruedas, y felicitó a Villarreal.
Nos aseguran que, tan facilitaron el camino a Hernán, que los cuestionamientos los enviaron un día antes para que pudiera corregir, o bien, estudiar para saber qué responder en determinados momentos.
Y ahora hay mucha prisa en concretar este rescate y ya se están armado las bases de la licitación del arrendamiento. Es decir, todo está “planchado”.
Nuevo replaqueo, mismo argumento
Cuando Nuevo León apenas parece estar saliendo de una pandemia por COVID-19, el gobierno de Samuel García busca para la ciudadanía un replaqueo.
El argumento: cuestiones de seguridad. Pero al gobernador que tanto habló de acabar con la vieja política parecen olvidársele algunos pasajes de la historia reciente.
En 2012, surgió el escándalo de la desaparición de 312 juegos de placas, los cuales, finalmente se supo, llegaron a manos de la delincuencia organizada que robaba los autos y ponía estás láminas “limpias”.
Esto fue en el sexenio de Rodrigo Medina y en 2013, justamente, se utilizó el mismo argumento para realizar el replaqueo: por motivos de seguridad.
Muchas organizaciones civiles se mostraron en contra de esta acción. Ahora, al menos de momento, han guardado silencio.
Finalmente, hace ocho años, salió adelante el replaqueo y se garantizó una base de datos para tener ubicado cada automóvil, y esto continuó con el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
Ahora el mismo argumento utilizado en 2013 está siendo retomado por el gobierno estatal, aunque los tiempos y las circunstancias, sin duda, son muy diferentes.
