Al paso que va, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón será recordado como una de las peores administraciones en la historia de Nuevo León y, sin duda, su mayor deuda será la de la transparencia gubernamental, una promesa que viene desde su campaña.
Casos como el “cobijagate” o la fallida compra del dron continúan sin transparentarse y, por si fuera poco, la administración de ‘El Bronco’ parece aprovecharse de la pandemia para otorgar contratos que levantan sospechas.
Como este medio dio a conocer, después de que el gobierno de Nuevo León publicara parte de las compras realizadas debido a la contingencia, salió a relucir nuevamente la empresa Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V., la preferida del sexenio, que se llevó más de 277 millones en contratos de salud, pero que también ha sido proveedora en materia de seguridad y hasta para el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.
Es cierto que alegando motivos de seguridad, el gobierno puede reservar contratos y, por tanto, no se puede conocer la realidad de los montos que se le han dado a esta empresa, pero la duda es grande y si verdaderamente el gobierno quisiera despejarla, bien podría aclarar lo que se ha destinado para esta compañía.
Ediles sin certeza jurídica
La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, puso a consulta pública la modificación de 13 reglamentos municipales para tener certeza jurídica a la hora de que algún comercio no cumpla con los protocolos sanitarios, cuando se reactiven las actividades económicas de manera escalonada.
En este mismo sentido, el resto de los municipios tendrían que hacer ajustes en los reglamentos, antes de proceder a autorizar las reaperturas, y con esto evitar cualquier responsabilidad legal que pudieran ocasionar casos como, por ejemplo, el fallecimiento de una persona por Covid-19 en este proceso de transición.
Especialistas en material legal nos hacen ver que ningún reglamento municipal está armonizado en consideración de una contingencia sanitaria, tal como la que se está viviendo a nivel mundial por este virus y resultará complicado que cualquier municipio aplique una sanción si no están todos los supuestos bien aterrizados en un reglamento.
Esto podría ocurrirle al alcalde deSan Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, quien no anunció una modificación en el reglamento y pues quedará en el limbo aplicar cualquier sanción a la empresa que no cumpla con las medidas de seguridad sanitaria, ahora que se reactivó la obra pública y se abrieron las puertas para continuar con la obra privada.
