La revelación del incremento en la tarifa del agua, por parte del diputado local del PRI Javier Caballero causó malestar en el gobierno estatal, muy particularmente al gobernador Samuel García. Nos aseguran que el mandatario habló directamente con la presidenta del Congreso local, Ivonne Álvarez, para expresarle su contrariedad y palabras más, palabras menos, le habría dicho que hay que construir en el Congreso, y no destruir.
Y esto ocurrió por la queja que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, llevó directamente a la oficina del mandatario, tras la vapuleada que le dieron en tribuna cuando quiso defender este aumento en la tarifas, algo que a todas luces era indefendible.
Quizá Samuel ya olvidó que como en su paso como diputado local no se caracterizó precisamente por los acuerdos y, en sus propios términos, se le recuerda menos por construir y más por “destruir”, una estrategia que le sirvió para llamar la atención y para posicionarse.
Ahí está el bloqueo de Monterrey VI que fraguó él mismo y eso sólo por mencionar un ejemplo.
Por cierto, a pesar del decreto que se aprobó en el Congreso, que impide un incremento a la tarifa del agua, este tema no se trató entre los diputados pero, cuidado, que si el gobierno estatal quiere avanzar a pesar de estos candados, podría incluso tener consecuencias legales.
Avanza justicia cívica
La propuesta de la bancada del PAN en el Congreso local, encabezada por Carlos de la Fuente, de crear un órgano de justicia cívica en los municipios de Nuevo León a través de la reforma a la Ley de Gobierno Municipal, avanzó el día ayer.
Los diputados, en segunda vuelta, aprobaron estas modificaciones, y con esto los municipios ya podrían empezar a crear sus respectivos órganos. Esto, nos comentan, ayudará a dirimir los conflictos que se generen entre vecinos para evitar que estos lleguen a judicializarse.
Aún falta que se apruebe la propuesta del magistradopresidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Garza, para que los conflictos entre vecinos no lleguen a los juzgados.
La iniciativa está más enfocada en la prevención. Veremos si la justicia cívica ayuda a reducir el número de casos que escalan a los tribunales para que se puedan desahogar otros y con esto tener una mayor eficiencia.
