El gobernador Samuel García anunció los resultados de los operativos realizados en ranchos que supuestamente están extrayendo agua de forma ilegal y, apuntó, que están involucrados artistas, funcionarios y hasta prestanombres de un exmandatario. Todo esto en los municipios Linares, Hualahuises y Santiago.
No se le puede regatear el esfuerzo del gobierno que encabeza García al intentar detener una ilegalidad y, por supuesto, que con esto se pueda tener más agua para uso residencial en la Zona Metropolitana de Monterrey, pues en los últimos días parece agravarse aún más la falta de líquido, lo que está golpeando a diferentes sectores de la sociedad neoleonesa.
Eso sí, habrá que ver si los ranchos investigados no poseen títulos de concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de años anteriores, ya que en la zona habría quienes tienen el permiso, incluso, algunos a nombre de ejidos linarenses y citricultores de la zona.
Por otro lado, no se tiene que descuidar la necesidad de aterrizar un buen programa para ser más eficientes en el uso del líquido para la agricultura, porque en esa parte sí hay un desorden, sin duda. Y en cuanto a los hallazgos de robo de agua en Santiago, la actividad principal del municipio es el turismo, y se ve muy difícil que se tengan títulos de concesión. Veremos.
Congreso gana amparos
Las demandas de amparo de tres ciudadanos para que el Congreso local no sesionara un periodo extraordinario resultaron infructuosas.
Según los quejosos, no se está aplicando el debido proceso legislativo, pues aseguran que para que se celebre este periodo tiene que motivarse concretamente por supuestos en materia de salud, o bien, que lo solicite el gobernador.
Y aunque había interés legítimo, el Congreso señaló que se estaban invadiendo facultades y que era un hecho consumado. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decretaron negar la suspensión provisional a los quejosos.
Habrá que ver si con este criterio las y los diputados suben las reformas que le quitan al gobierno de Samuel García la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica y la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León para que pasen a ser unidades de la Fiscalía General de Justicia estatal.
Sin duda, los que quedan mal parados son los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, quienes no acudieron al pasado periodo extraordinario.
