José Hernández, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien otorgó una suspensión para que el Gobierno estatal publique el decreto que crea la Fiscalía Especializada de Inteligencia Financiera, ha rebasado sus atribuciones.
Resulta inexplicable que, sin tener competencia, Hernández se atreva a algo que, nos dicen, pudiera incurrir en un delito para un juicio político. No es un tema menor y habla de la falta de la división de poderes en Nuevo León.
Abogados nos aseguran que tan no tiene competencia, que el propio gobernador Samuel García, promovió en 2019 un juicio político como senador contra tres magistrados de este tribunal, a quienes llamó incompetentes para meterse en temas del Poder Legislativo.
Este tribunal puede otorgar suspensiones a particulares con el Poder Ejecutivo, pero no contra el Congreso, nos reiteran. Dicho órgano está a cargo de Ethel Maldonado, excandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Nicolás, y muy cercana al mandatario.
Revocación en puerta
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que dirige Carlos de la Fuente, presentó una iniciativa para modificar la Constitución para que se integre la revocación de mandato y se le pueda aplicar al gobernador Samuel García.
Esta iniciativa le viene como “anillo al dedo” a los diputados de Morena, Jessica Martínez, y Waldo Fernández, principales promotores de la revocación de mandato, y ni qué decir de Anylú Bendición, quien recién creó la bancada independiente 4T.
Y sin duda, Waldo, Jessica y Anylú tendrían que votar a favor de esta reforma. Como quiera hay dudas de que sea retroactiva esta modificación para el mandatario y, más bien, nos dicen algunas voces, sería como una operación política para desgastar el gobernador.
De la Fuente, además, ayer presentó otra iniciativa a fin de que el gobernador del estado pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano. El enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo sigue vigente y no se ve que llegue a una conciliación a corto plazo.
