El senador panista por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, propuso que en la Cámara Alta se abra la discusión de manera abierta sobre la posibilidad de castigar con pena de muerte a los homicidas de niñas y niños.
El legislador propone debatir el tema a través del mecanismo de parlamento abierto, con la participación de expertos de Japón y Estados Unidos, países en los que se ha implementado esta medida de sentencia.
Fuentes recordó que ya realizó un ejercicio de sondeo, a través de las redes sociales, en donde más de 90 por ciento de la gente se ha manifestado a favor de la pena de muerte para quien asesine a menores. Sin embargo propuso hacer una consulta mucho más estructurada y abierta a la sociedad.
La propuesta del legislador neoleonés provocó reacciones encontradas entre sus compañeros senadores, incluso de su propio partido. Mientras el coordinador de su bancada, Mauricio Kuri, dijo que a título personal estaba a favor de aplicar la pena de muerte, el senador blanquiazul Damián Zepeda rechazó abrir el debate al considerar esta medida como una salida falsa.
Más enfático fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien señaló que no cree en la pena de muerte, que está prohibida en la Constitución y que no está de acuerdo ni siquiera en discutir el tema.
Lo que sí es cierto es que la propuesta de Fuentes ya revivió la controversia.
Gasto contra contaminación
El nuevo Índice de Aire y Salud que presume Manuel Vital, secretario de Desarrollo Sustentable, tiene un grave problema para la ciudadanía que no trabaja en una oficina, pues tendrá que utilizar sus datos móviles para consultarlo y protegerse de una contingencia ambiental, lo que representa un gasto para la población, además de que no todos tienen acceso a internet.
La única manera de que la población pueda enterarse de la mala calidad del aire, sin utilizar los datos, tendría que ser a través de campañas de alertas publicitarias en los diferentes medios de comunicación.
Pero esto no podrá ser posible, pues nos aseguran que de momento no se planea un gasto en hacer campañas de información a la ciudadanía para la difusión del Índice, pues la mayoría del presupuesto de comunicación, mismo que acaba de aumentar, está dirigido a mejorar la imagen del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
De una u otra manera, la ciudadanía tendría que poner dinero de su bolsa para estar prevenida ante este grave problema de contaminación. Ya sólo falta que quieran aplicar la verificación vehicular.
