A poco más de un año de que los alcaldes metropolitanos y la Fiscalía General de Justicia del estado firmaran un convenio para colaborar en forma coordinada en la investigación de los delitos de alto impacto, el día de ayer se graduó la primera generación de 39 elementos de la Policía Metropolitana de Investigación.
Este nuevo esquema de coordinación busca convertirse en un referente a nivel nacional; los efectivos estarán aún bajo responsabilidad de los municipios, pero con la diferencia de que trabajarán con la Fiscalía en labores de investigación.
Con este nuevo modelo, que ya se está replicando en otras regiones del país, estos policías podrán realizar tareas de investigación de delitos como robo a negocio, lesiones, daño en propiedad privada o violencia intrafamiliar.
En la ceremonia de graduación de los primeros elementos estuvieron el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, además de los alcaldes metropolitanos, Adrián de la Garza, Cristina Díaz, Zeferino Salgado, Héctor Castillo y Everardo Benavides, además del secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci.
Censura en comisiones
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte en el Congreso local, cuya presidenta es la diputada del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez, simplemente no escucha a ciudadanos ni a expertos sobre la incorporación del término “grabados” inusuales en la reforma a la Ley de Patrimonio Cultural.
No es la primera vez que esta Comisión hace caso omiso a peticiones de mesas de trabajo, pues en la creación de la Ley de Cine, existe, aún, la solicitud de que se analice esta reglamentación, pero al momento persiste la negativa
Curiosamente, en el caso de ambos dictámenes se trata de iniciativas de diputados panistas, como la de Luis Susarrey. ¿Acaso se trata de un compromiso que tiene la diputada petista con los blanquiazules?
Pero, eso sí, cuando los empresarios presionan para que se “estudie más a fondo” alguna iniciativa que los afecte, bajan el dictamen, como fue el caso de la reforma a la Ley Ambiental, que establece que las empresas deban utilizar agua tratada para sus procesos.
Resulta que el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, un organismo filial de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), les solicitó analizar esta reforma, misma petición que fue aceptada.
¿Y quién bajó este dictamen? La diputada panista Claudia Caballero.
