Hoy se llevará a cabo la sesión de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad estatal para aprobar el arrendamiento de 800 camiones pero todo parece indicar que esta iniciativa no será aprobada. Nos aseguran que Hernán Villarreal continúa cometiendo errores, voluntarios o involuntarios, que le han impedido presentar una solicitud certera.
Pareciera, nos comentan, que el funcionario busca ocultar información a los integrantes de esta junta. Un punto que no se ha tocado es que los camiones operarían con gas natural, un combustible que emite partículas contaminantes, en un ambiente que ya sufre por las emisiones.
Tampoco está informando cuánto sería la tasa de interés de cada unidad y si se plantea un aumento a la tarifa. Los integrantes de la Junta tendrán que rechazar la solicitud de arrendamiento, y hacer mesas de trabajo, con un tiempo adecuado para aclarar las dudas a los ciudadanos, no en 48 horas hábiles, como se plantea.
Villarreal sólo ha mostrado una incapacidad para entregar con transparencia la solicitud de arrendamiento, pues ni siquiera lo ha hecho público. Veremos si las organizaciones civiles se oponen a este proyecto.
Proponen cambios en Registro Civil
El destino de los recursos que se obtienen por el pago de impresión de un acta de nacimiento en el Registro Civil nunca ha quedado del todo claro.
Cada documento tiene un costo de 50 pesos, pero este sólo tiene una vigencia de seis meses.
Por ejemplo, cada recién egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene como requisito este documento, pero si ese estudiante presenta un acta expedida de un año atrás debe solicitar una nueva impresión. Esto aplica para cualquier trámite.
Sin duda, es un negocio muy redituable para las arcas públicas, que afecta a los bolsillos de los ciudadanos.
Por eso, el diputado de Morena, Waldo Fernández, propone crear una iniciativa para que de manera legal, el acta de nacimiento, tenga vigencia permanente para cualquier trámite, público o privado.
Nos dice que solicitar copias certificadas con cierto tiempo de expedición no es exclusivo de las autoridades, sino que también se ha convertido en una práctica común entre los entes privados, lo que obliga a las personas a pagar una y otra vez por la expedición de copias.
