La nueva Ley de Movilidad, que incluye la formación de una Junta de Gobierno encargada, entre otras cosas, de sesionar para autorizar o no posibles aumentos en la tarifa del transporte público, no tiene una verdadera representación ciudadana.
Este órgano sólo tendría a dos integrantes que representarían a los ciudadanos, mientras que el resto el resto quedará conformado por funcionarios estatales, transportistas y cámaras intermedias de la Iniciativa Privada.
No hay avance en tener más representación ciudadana, un pendiente que sigue rezagado; prácticamente la integración quedó igual que la Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV), donde los usuarios no tienen voz.
Es más que evidente que los neoleoneses seguirán expuestos a las negociaciones de sectores que no los representan, y la Junta de Gobierno, bajo este esquema, será controlada por el Gobierno estatal, municipios y hasta representantes de los sindicatos.
Cada que avanzan las semanas surgen nuevos cuestionamientos sobre la Ley de Movilidad, que simplemente no salió como se esperaba, un reglamento de vanguardia que privilegie o proteja a los usuarios.
En próximos días habrá mucho de qué hablar de esta ley.
Tapia le exige a ‘Boni’
La legisladora Claudia Tapia Castelo no se quiere quedar con los brazos cruzados ante la pasividad del presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso local, Arturo Bonifacio de la Garza, a quien parece traerle sin cuidado la falta de políticas públicas en favor del medio ambiente en la entidad.
A pesar de que la Comisión que preside “Boni” tiene abiertos dos expedientes legislativos que contienen la solicitud de juicio político en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, al legislador de la bancada de Movimiento Ciudadano no le parece suficientemente grave el problema ambiental que se vive en la entidad como para citar al funcionario.
Por ello, Tapia ya presentó un escrito en donde emplaza a Arturo Bonifacio a que convoque lo antes posible a la Comisión para desahogar las solicitudes de juicio político a Vital, las cuales se han quedado en la congeladora.
La diputada hace eco en las inquietudes ciudadanas, pues se trata de un asunto prioritario, ya que Vital no ha cumplido con las funciones para las que fue nombrado y ha sido omiso en ejecutar medidas que ayuden a mitigar la crisis.
Habrá que esperar la respuesta del presidente de la Comisión Anticorrupción, porque si sigue ignorando el asunto del juicio político de Vital, habrá quien pueda sospechar que lo está protegiendo.
