Las autoridades de Nuevo León están en alerta por las repercusiones que podría haber en las próximas semanas ante la cuarta ola de COVID-19 en la entidad, no sólo en materia de salud, también económica.
Apenas ayer, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, reconoció que las siguientes dos semanas serán determinantes para saber si el aumento en los contagios por coronavirus en el estado termina rebasando al sector salud al aumentar las hospitalizaciones más allá de la capacidad de las clínicas, sobre todo, tomando en cuenta que en algunas se tuvo que disminuir la capacidad de atención debido a la infección de personal.
Esta vulnerabilidad podría generar afectaciones, pues basta observar cómo los módulos para realizarse la prueba de COVID-19 han estado abarrotados en los primeros días del año, lo que coincide también con un alza en los contagios reportados, lo cual podría hacerse más pronunciado en los siguientes días.
Será este jueves, después de hacer una evaluación sobre la incidencia de casos, cuando la Secretaría de Salud defina si se mantienen las actuales recomendaciones sanitarias, o bien, se comienzan a aplicar más restricciones, un escenario que no está del todo descartado.
Otro factor muy importante, nos dicen, que será tomado en cuenta será la posible afectación que podría haber a la actividad económica en caso de que se vuelvan a endurecer las medidas y es que ya se contempla que ciertos sectores en la industria, comercios y servicios tengan repercusiones en su operación por el número de contagios en distintas áreas. Vienen días complicados.
Cobertura universal recuperable
El gobernador Samuel García firmó ayer un convenio con el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la cobertura universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer, que no cuenten con servicio médico.
Pero el mandatario dijo que sería un ganar-ganar, pues la inversión de 230 millones de pesos se haría a través de un fideicomiso, y ya que el paciente que reciba esté sano, podrá contribuir con el pago de sus impuestos para cubrir este servicio. Claro, cuando se trate de una persona activa laboralmente, si es el caso.
Llama mucho la atención que Samuel, quien también dijo sentirse conmovido, piense en “recuperar” el dinero que, por cierto, no es de él, sino de la ciudadanía que paga sus impuestos.
Es positivo que se cree un fideicomiso que pueda ser auditado en aras de la transparencia, pero son negativas las formas y los dichos.