La decisión del juez federal, Pedro Álvarez, quien desistió de tomar el caso del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por las acusaciones de supuestamente utilizar recursos de procedencia ilícita para su fallida campaña presidencial podrían dejar al exmandatario en un estado de mayor indefensión.
El artículo 17 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes.
En este momento, por este caso en específico, el exgobernador no está bajo un tribunal, ya que el juez de control local se declaró incompetente por esta acusación.
Ahora los abogados de “El Bronco” esperan, a través de un amparo, que el caso regrese ante un tribunal federal, por ser un delito que no tiene nada que ver con leyes electorales a nivel estatal, porque era una campaña presidencial y, por lo tanto, es del ámbito federal.
El equipo legal del exmandatario podría cambiar de estrategia y comenzar a apuntar a quienes están obstruyendo el caso y haciendo un uso político para, al parecer, alargar el proceso más de lo necesario.
Concesionarios bajo la lupa
La concesión otorgada en 2012 por la administración de Rodrigo Medina para la operación de la controvertida Ecovía está diseñada para evitar la competencia en el transporte por 20 años, con opción a renovarse, aún y cuando ofrezcan un pésimo servicio y el costo se le cargue al usuario, como ha venido sucediendo.
Estos transportistas han presionado para subir la tarifa a los usuarios porque, según sus dichos, esto no es negocio.
Los principales concesionarios para la operación de la Ecovía son Abelardo Martínez García, Carlos Eliud Chavarría Garza e Ismael Garza García, quienes crearon la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico S.A. de C.V.
Abelardo Martínez, por cierto, es dueño de la polémica ruta 400, que ha sido denunciada por prestar un mal servicio; anteriormente era la ruta 120, trágicamente recordada por una unidad que se estrelló contra un tren que cobró la vida de varias personas, pero también está el caso de Ismael Garza, personaje muy ligado a la CTM Nuevo León, de Ismael Flores.
La realidad es que estos transportistas no han ofrecido un servicio de calidad a los usuarios, pero hoy no se habla de eso, sino del caso de la requisa que implementó en 2017 el gobierno de Jaime Rodríguez y que hoy lo tiene bajo proceso. Porque los concesionarios parecen blindados. ¿Seguirán?
