El Congreso de Nuevo León recibió formalmente una solicitud por parte del ciudadano Carlos Sánchez, en la cual pide un juicio político en contra de 15 funcionarios estatales, incluyendo al propio gobernador Samuel García, por la divulgación del nuevo escudo de la administración actual.
La petición está fundamentada en la violación a la Ley que Regula las Características, Uso y Difusión del Escudo del Estado de Nuevo León por la reproducción, en documentos oficiales, de un escudo que no corresponde, según la petición.
Ahora, las y los diputados tendrán que analizar si la petición se turna a una comisión, se ve directamente en el Pleno o se pasa a la “congeladora”.
En el caso del juicio político contra el entonces secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, se turnó a la Comisión Anticorrupción. Y bueno, esto pone en la lupa al presidente de la Comisión Anticorrupción, el diputado del PAN, Luis Susarrey, de quien se verá si sí le interesa castigar la violación a esta ley o, simplemente, decide pasarlo por alto. Por cierto, aún no se transparenta la lista de los aspirantes al Comité de Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué es lo que se está ocultando en la Comisión?
Medida polémica de Morales Martínez
Sin que queden esclarecidos aún los motivos, la titular de la Secretaría de Administración, Gloria María Morales Martínez, despidió al doctor Jonathan Díaz García, jefe del departamento médico, con plaza y casi siete años de antigüedad, quien, además, era el encargado de llevar el protocolo sanitario contra COVID-19.
Nos dicen que desde que el exfuncionario salió se disparó el número de contagios de esta enfermedad en la Torre Administrativa. Hoy, nos hacen ver, este edificio está operando sin las medidas necesarias para evitar contagios, lo cual pone en riesgo a la población que acude a hacer un trámite.
Muchos trabajadores, entre ellos sindicalizados, están acudiendo con mucho temor de contagiarse y llevar el virus a su familia.
Pareciera que en este mismo sentido de desinterés está el líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPE), Juan Manuel Cavazos, quien ha permanecido callado ante esta situación. Resulta muy lamentable que en plena pandemia, que llega a casi 5 mil casos diarios, ni los funcionarios estatales ni los representantes sindicales tomen cartas en el asunto.
