Javier Navarro Velasco, el nuevo secretario de Gobierno de Nuevo León, se reunió con los coordinadores de las bancadas del Congreso local. Nos aseguran que entre lo que se platicó destaca el proyecto que tiene el Poder Ejecutivo para enviar un dictamen que contiene aumento de presupuesto para 2022, que sería de más de 109 mil millones de pesos.
O sea que de la austeridad, al menos en el arranque del gobierno de Samuel García, ni hablar.
La realidad es que tiene mucho sentido que Navarro Velasco busque tener más recursos públicos, pues con el aumento de secretarías y unidades administrativas en la estructura gubernamental se requiere pagar más sueldos y gasto corriente, por más que digan que no aumentarán las erogaciones.
Llama mucho la atención que Navarro Velasco no haya informado de esta reunión y que el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, sea quien tenga que informar sobre esta junta.
Esto porque según el nuevo secretario de Gobierno no tendría reuniones en lo “oscurito” y negociaciones debajo la mesa. ¿Se le olvidó la transparencia en el cajón de su escritorio en la oficina del Consejo Cívico?
Las dudas en Movilidad
La inminente llegada de José Manuel Valdez Gaytán a la dirección general del Instituto de Movilidad refleja, nos dicen, que se terminó cumpliendo un compromiso con Grupo Senda.
Valdez Gaytán fue representante legal de esta empresa de transporte, la cual apoyó con camiones para trasladar a miles de trabajadores a vacunarse a Laredo, Texas, una iniciativa promovida por García durante el periodo de transición.
Su nombramiento no garantiza un mejoramiento en la movilidad del área metropolitana, pero sí levanta dudas sobre la posibilidad de que surja un conflicto de interés, en caso de que Senda quiera aumentar su presencia ahora que el gobernador Samuel García anunció, desde ya, una reestructura de este sistema de movilidad público.
Y más por el contenido de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad, donde se establece que el gobernador tiene la facultad de aplicar una requisa a las empresas de las rutas de camiones del área metropolitana, así como entregar la concesión de este servicio a otros empresarios.
