Redes de poder: Tribunal Electoral, sin ánimo de polémica

Las resoluciones que se han tomado en las últimas semanas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no han dado pie a mayores controversias, y tal parece que, después de un periodo interno turbulento, los magistrados intentan minimizar también la grilla exterior. La tendencia parece que se mantendrá pues el tribunal tiene perfilado ratificar el triunfo de Evelyn Salgado en Guerrero, según el proyecto que se hizo público, además de hacer lo propio en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo, pese a las denuncias panistas. Nos comentan que la prioridad es afianzar el Tribunal Electoral a partir de la presidencia de Reyes Rodríguez e intentar mitigar las presiones de Morena por una reforma.

Ajustes con mensaje

Tras su Tercer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum realizó una importante sacudida a su Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato. Los cambios incluyen tres nuevos subsecretarios en la Secretaría de Gobierno, el Instituto del Deporte, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la de Turismo, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la del Trabajo. Estos cambios, junto con el inicio de las labores de los “delegados” del Gobierno capitalino en las alcaldías, son toda una declaración de intenciones para reforzar la operación política en los territorios en donde Morena se vio superado en las elecciones.

El ejemplo de Querétaro

En Querétaro se lleva a cabo la sesión de la Comisión para la Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el denominado “Cosmos”. Ahí, Francisco Domínguez, gobernador saliente, presentará a detalle, junto con su equipo, los elementos que tienen a ese estado como un referente, de orden, justicia y seguridad.

World Justice Project señala que en Querétaro el respeto a los derechos fundamentales y la justicia penal son tema de prioridad en los esfuerzos institucionales y por ello son líderes en la materia. Existe un trato igualitario, se garantiza a las personas su seguridad y un debido proceso, así como un desarrollo de investigación eficaz, también una adecuada protección a las víctimas, e independencia de las autoridades administradoras de justicia.